El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La acción judicial está dirigida contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, además de quienes resulten responsables de la construcción y operación del emprendimiento. Las organizaciones cuestionan tanto la explotación de hidrocarburos como las autorizaciones otorgadas por las autoridades isleñas, al considerar que avanzan sobre un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Qué pide la demanda por el petróleo en Malvinas
Entre las principales medidas solicitadas, el CECIM y AAdeAA reclamaron la suspensión de las obras, perforaciones y demás actividades vinculadas con el desarrollo de Sea Lion. También pidieron impedir nuevas operaciones financieras destinadas a sostener el proyecto, como contratos de financiamiento, desembolsos, transferencias, pagos, aportes y garantías.
En ese sentido, la presentación busca identificar a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores económicos involucrados en el emprendimiento. También solicita un embargo preventivo sobre bienes de las compañías por US$156,4 millones.
La estrategia apunta así no solo a las tareas de exploración y producción, sino también a la estructura financiera que permite llevar adelante el proyecto.
El argumento sobre la soberanía argentina
Uno de los fundamentos centrales de la demanda es que las empresas estarían avanzando sobre la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. Para las organizaciones, los permisos otorgados por las autoridades de las Islas Malvinas no pueden reemplazar las normas argentinas ni habilitar unilateralmente la explotación de recursos naturales en una zona alcanzada por la disputa de soberanía.
El planteo invoca la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia por las islas.
A partir de esa interpretación, la demanda propone el concepto de “tutela ambiental soberana”, al considerar que en el conflicto confluyen dos bienes colectivos: la protección del ambiente y la soberanía sobre el territorio y sus recursos naturales.
Cómo es el proyecto Sea Lion
El yacimiento Sea Lion está ubicado en los bloques PL032 y PL004b de la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El desarrollo está a cargo de Navitas, que posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper mantiene el 35%.
La primera etapa contempla la perforación de 23 pozos y la utilización de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). De acuerdo con el cronograma informado por las compañías, las perforaciones comenzarían a principios de 2027 y la primera producción de petróleo está prevista para 2028.
Las empresas proyectan una explotación que podría extenderse durante más de 30 años. Además, evalúan una ampliación que podría incorporar una segunda FPSO y elevar significativamente la capacidad de producción, con un potencial adicional de hasta 125.000 barriles diarios.
Durante 2026, las compañías ya informaron avances en la infraestructura necesaria para el proyecto, entre ellos trabajos en el muelle y la base terrestre, mientras continúa la fabricación del equipamiento destinado a la primera fase de producción.
La advertencia por el impacto ambiental
El tercer eje de la presentación judicial está vinculado con los posibles efectos ambientales de la explotación offshore. Los demandantes sostienen que las empresas no realizaron ante el Estado argentino el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni cuentan con un certificado ambiental nacional para desarrollar las actividades.
Entre los riesgos señalados aparecen eventuales derrames de hidrocarburos, contaminación, alteraciones del fondo oceánico, movimiento del lecho marino, tránsito de embarcaciones y utilización de productos químicos. También advierten por posibles consecuencias sobre mamíferos y aves marinas.
Según la documentación incorporada a la demanda, el desarrollo del proyecto implicaría además la emisión de alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono durante su ejecución, mientras que la combustión del petróleo extraído podría generar más de 100 millones de toneladas adicionales.
El antecedente del rechazo argentino
La presentación judicial se suma al rechazo que el Gobierno argentino ya había expresado frente al desarrollo de Sea Lion. En diciembre de 2025, la Cancillería cuestionó la decisión final de inversión adoptada por Rockhopper y Navitas y sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa contradice las resoluciones de Naciones Unidas.
Pese a esa posición, las compañías continuaron adelante con el proyecto a partir de las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas. En agosto, Rockhopper ratificó que mantiene como objetivo comenzar las perforaciones a principios de 2027.
Con la demanda presentada ante la Justicia Federal, el CECIM y AAdeAA buscan llevar la discusión a un terreno concreto: frenar el avance de una explotación petrolera que consideran incompatible tanto con el reclamo argentino de soberanía como con las obligaciones de protección ambiental.
