El informe especial que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a más de un mes de la masacre de San Miguel del Monte, en donde murieron cuatro jóvenes perseguidos a balazos por la policía, relata de manera pormenorizada el rol que ocuparon las políticas de seguridad aplicadas a nivel nacional y provincial, la responsabilidad del gobierno municipal y los testimonios de vecinos que describen el maltrato y abuso de poder por parte de la policía en esa localidad.
Es decir, todo apunta a demostrar que la tragedia fue una consecuencia de una seguidilla de detenciones ilegales –incluso a menores-, maltratos y coimas que se corresponden con la evidente falta de conducción política.
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A esto se le suma un contexto particular en el cual la policía bonaerense viene siendo protagonista de casos tan graves como el ocurrido en San Miguel del Monte. Con solo tener en cuenta las muertes evitables que se dieron tras los incendios en las comisarías de Pergamino (donde murieron siete jóvenes en 2016) y la de Esteban Echeverría (que dejó el saldo de 10 personas muertas en 2018), queda claro de qué estamos hablando.
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LOS ANTECEDENTES
Ahora bien, según los testimonios que recolectó la CPM, dos de las víctimas mortales del accidente que sufrieron los jóvenes de Monte habían sido hostigados previamente por la policía.
“Según declaró el hermano de Carlos Aníbal Suárez (el conductor fallecido), el 9 de marzo de 2019, alrededor de las 10:30 am, cuando se trasladaban en el auto Fiat Spazio hacia la casa de un familiar fueron detenidos por policías que, luego de controlar la documentación, los llevaron a la comisaría. Allí los encerraron en la oficina del comisario quien les dijo que debía hacerles una multa de$35.000 por no tener la transferencia ni el registro de conducir, pero que podía evitarla si le pagaban $5.000. Aníbal dijo que sólo tenía $4.000 y el comisario los mandó a buscar caminando el dinero a su domicilio. Al regresar, pagaron y se llevaron el vehículo”, cuentan desde el organismo provincial.
Pero un similar caso se vivió con uno de los menores, antes de que la policía los persiguiera a tiros ese fatídico 20 de mayo.
“El otro hecho fue la detención de Danilo Sansone de13 años el 31 de marzo de 2019. Según contó su madre, Gladys, esa noche lo detuvieron junto a otros dos jóvenes que estaban en la plaza central: ´Lo subieron a empujones al móvil y le pegaron una piña en la costilla´. En la comisaría, el jefe de calle José Durán les mostró a las tres madres un video de las cámaras donde se veía a los chicos haciendo parkoury y que, en uno de los saltos, se rompe un cartel. Sobre los motivos de la detención, el agente les dice: ´A vos por romper el cartel, a vos por enchufar el celular que se apagaron las luces y a vos Sansone por jetón, te hace falta una buena paliza´. La madre cuenta que Danilo ´le tenía miedo a Duran, donde lo veía lo corría […] Quería que Dani le haga los mandados2 y él le decía que no´”, amplían en el informe.
Lo que le pasó a Anibal y a Danilo previo a la tragedia no fue un caso aislado. Según también contaron otros testimonios de la ciudad, “la relación con la policía de Monte está atravesada por la corrupción y la discrecionalidad”, en donde “la práctica de pedir sobornos o coimas era frecuente y conocida”. Difícil resulta creer que la intendenta Sandra Mayol no estaba al tanto.
A lo largo del informe de la CPM se exponen numerosos relatos de víctimas del abuso policial. Casi todos efectuados contra jóvenes de clases medias o bajas. En el mismo también se denuncian detenciones arbitrarias, muchas de ellas incluso a menores de edad, hechos que no fueron siquiera registrados en la comisaría o comunicados a los organismos de menores que deben interceder al respecto.
“Estábamos en un pool […] hubo unos disturbios y llega la policía. A mi amigo lo meten al patrullero, como su mochila queda tirada me acerco a agarrarla. Aparece ahí el Pipi [Héctor Ángel], me agarra del brazo y me pega fuerte en la oreja […] me sigue pegando, me tira al piso, me asfixiaba, me pone las esposas y me sube al patrullero. Me llevan al hospital y me revisan. De ahí vamos a la comisaría y nos meten a una celda a mi amigo, a mí y al otro con el que empezó el disturbio en el pool […] en un momento entra un policía a la celda y nos caga a palos a mí y a mi amigo. Luego llamaron a la mamá que me retiró”. (IS, joven de 17 años).
Además, desde la CPM explican que al contrastar los libros de la comisaría local con los testimonios de los jóvenes entrevistados, se deduce que “sólo una parte de esas aprehensiones de menores es registrada oficialmente por la policía”. “Incluso, en una entrevista con miembros del Servicio Local de Promoción y Protección, refirieron que nunca han sido informados de detenciones de menores de edad”, indican.
EL ROL QUE OCUPÓ EL MUNICIPIO
En el informe especial sobre la “masacre” de San Miguel del Monte se hizo un apartado para analizar las decisiones políticas que la intendenta Sandra Mayol (Frente Renovador) encabezó para la seguridad local.
Según los extractos de algunos discursos que la mandataria había dado al respecto, se expone una confianza absoluta con respecto a las fuerzas de seguridad que ella dirige. Incluso, consideraba que muchos vecinos se mostraban “contentos” cuando en los operativos de saturación que realiza la policía federal, se le pide documentos a los ciudadanos que circulan por la calle.
“Para nosotros la seguridad es una preocupación y la verdad que siempre se piden agentes de refuerzo para el plantel normal, porque hay pocos efectivos. Por suerte la semana pasada recibimos 10 efectivos nuevos (…) porque si bien es un lugar tranquilo donde uno puede vivir de otra manera, también pasan cosas que no se está acostumbrado ni que vamos a permitir acostumbrarnos”, decía en una oportunidad la intendenta.
“El Ministro cuando lo fui a ver me dijo, ´estos inspiran miedo´ y obviamente al verlos con los trajes y como se movilizan se ve que son grupos especializados de trabajo”, contaba Mayol.
Además, en su momento la mandataria local mostró un perfil ingenuo al referirse a la policía y desconocer –o no- los casos de abusos policiales que más tarde determinaron en la tragedia conocida.
“A ellos no se les escapa nadie, acá estamos acostumbrados a evadir, no llevar los papeles, no llevar los cascos. También estuve con gente que la pararon, le pidieron la documentación y lo más contentos”, expresaba Mayol.
La intendenta Sandra Mayol y María Eugenia Vidal.
RELEVAMIENTO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Cuando se analizan los casos de gatillo fácil, abuso policial y todo tipo de irregularidades cometidas por la policía, es casi imposible considerar que lo ocurrido en San Miguel del Monte haya sido una excepción.
Según informó el organismo en su documento, en solo el año 2018 la CPM intervino frente a 379 hechos de violencia policial ejercida durante la “detención de una persona en dependencias policiales, en allanamientos irregulares y/o ilegales, en hechos de represión a la protesta social y otros casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”. También se intervino por el uso letal de la fuerza, causas armadas o fraguadas, hostigamientos y detenciones arbitrarias.
La investigación que lleva el fiscal Lisandro Damonte avanza y ya tiene a 13 personas detenidas: 12 uniformados y el ex secretario de Seguridad del municipio. Por ahora, la única pata “política” del hecho.
Estos son los/as policías Rubén Alberto García, Manuel Monreal, Leonardo Daniel Ecilape, Mariano Alejandro Ibáñez, Julio Franco Micucci, José Alfredo Domínguez, José Manuel Durán, Héctor Enrique Ángel, Melina Noelia Bianco, Nadia Alejandra Genaro, Cristian Alberto Righero y Juan Manuel Gutiérrez, y el secretario de Seguridad municipal de ese momento -y también ex policía- Claudio Ismael Martínez.
En tanto, los familiares exigen la interpelación de la intendenta Sandra Mayol, que ya se ausentó dos veces al pedido que nació desde el Concejo Deliberante.
También, denuncian a “dos infiltrados” que se trasladaban en un automóvil sin patente durante los pedidos de justicia y tras la presentación de este informe en la localidad.
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