A pesar de que se investiga la posible comisión de delitos penales, como Usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad, la causa que complica al oficialismo y que es conocida bajo el título de “aportes truchos” puede quedar bajo un manto de impunidad.
Ayer, la Cámara Federal Porteña le dio un cierre definitivo a la causa penal y circunscribió la investigación al ámbito electoral, para lo cual la remitió al tribunal de Adolfo Ziulu, titular del Federal 2 de La Plata. La misma suerte puede correr la investigación que sigue en la Capital bonaerense Ernesto Kreplak.
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Es que, como ya informó este portal, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata estudia si corresponde o no que el trámite quede, también, en manos de Ziulú, que ya la reclamó mediante un pedido de inhibitoria que su par platense rechazó, por considerar que la denuncia “no sólo involucra falsedades detectadas en torno a la identidad de los supuestos aportantes particulares” sino dilucidar “el modo en que dicha información identitaria pudo haberse obtenido, el uso que a dichas identidades pudo haberse dado y el origen real de los fondos declarados como aportados por quienes no lo habrían hecho, cuanto menos”.
El problema no es tanto jurídico como político. Y tiene actores de peso. El presidente de la Cámara Federal porteña es Martín Irurzún, el juez que patentó la doctrina que manda tras las rejas a cualquier funcionario o exfuncionario acusado por delitos de corrupción, tenga condena firme o no. Una doctrina, que, no está de más decir, le viene de perillas al oficialismo. Su aplicación dejó a Julio De Vido tras las rejas mucho antes de las condenas por Once y tiene en jaque a Cristina Fernández de Kirchner.
El problema es que la influencia de Irurzún cruza el Riachuelo y se percibe en los tribunales platenses. Es muy cercano a uno de los jueces que debe decidir si los delitos que se atribuyen, por ahora, a María Fernanda Inza, ex secretaria de Legal y Técnica bonaerense, y tesorera del PRO, son de índole penal o electoral.
La sala III Cámara Federal está compuesta por los doctores Carlos Vallefín y Antonio Pacilio. A este último se le atribuye cierta influencia de parte de Irurzún. Son tan cercanos que tienen parientes cercanos en la oficina del otro. Esa formalidad es motivo suficiente para que los denunciantes enciendan sus alarmas.
La senadora Teresa García, que radicó la denuncia, que salpica además a María Eugenia Vidal, habló de un “vergonzoso antecedente que acaba de dejar asentado la Justicia Federal pretende proteger a Vidal”.
“En La Plata, el juzgado electoral de Ziulu ya intentó esta maniobra unificar las causas en la órbita electoral. Les pedimos a los funcionarios judiciales que respetan la independencia de los Poderes e investiguen a la Gobernadora como corresponde”, aseguró la legisladora, planteando a viva voz lo que el resto de la política por ahora susurra.
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