Mientras el Gobierno nacional continúa recortando sobre los programas sociales y no atiende los reclamos de la Provincia por partidas adeudadas, la Legislatura volvió a ser escenario de tensiones, no solo por el ajuste, sino también por la interna que atraviesa al peronismo provincial. El conversatorio “En defensa del VAT – Salario Social Complementario”, realizado en el anexo de la Cámara de Diputados, dejó expuesto un reclamo transversal contra la Casa Rosada, pero también mensajes hacia adentro del oficialismo, con La Cámpora marcándole la cancha a la gestión de Axel Kicillof.
La actividad se desarrolló en un contexto caliente: horas antes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había ordenado suspender la baja del programa Volver al Trabajo y restituir las transferencias, tras un amparo presentado por trabajadores de la economía popular. Ese telón de fondo potenció las críticas al ajuste que impulsa Javier Milei y al impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra cerca de 450 mil beneficiarios.
Desde distintos sectores políticos y sociales coincidieron en denunciar el desfinanciamiento. La diputada Cintia Romero, referente de Patria Grande que conduce Juan Grabois, insistió en reivindicar el Salario Social Complementario como una herramienta clave para sostener el trabajo en los barrios populares y cuestionó el “vaciamiento” de las políticas sociales. En la misma línea, la legisladora Noelia Saavedra puso el foco en el entramado comunitario que sostienen las trabajadoras de la economía popular y advirtió sobre las consecuencias de quitar esos recursos en los sectores más vulnerables. También fue parte del conversatorio la diputada kicillofista Lucía Yañez.
También hubo críticas desde la oposición de izquierda. El diputado Christian Castillo calificó como “indignante” la decisión del Gobierno nacional y apuntó contra la pérdida de poder adquisitivo del programa, congelado en 78 mil pesos desde hace años, al tiempo que cuestionó la política económica de la administración libertaria.
Sin embargo, el momento político de mayor lectura fue la intervención del jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. El dirigente de La Cámpora, en medio del reclamo a Nación por los fondos adeudados, introdujo un mensaje que resonó puertas adentro del peronismo bonaerense: llamó a “acompañar” al gobierno provincial, pero al mismo tiempo planteó la necesidad de “inteligencia” para generar respuestas propias frente a la crisis.
El planteo no pasó desapercibido en la Legislatura. En un contexto donde la relación entre el kirchnerismo duro y el entorno de Kicillof muestra signos de tensión, las palabras de Tignanelli fueron leídas como un llamado de atención sobre la gestión de los recursos y la capacidad de la Provincia para sostener políticas como el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), fuertemente condicionado por la falta de financiamiento nacional.
El jefe del bloque oficialista en Diputados advirtió que la eventual interrupción del programa MESA tendría un impacto directo en la provincia y remarcó que su continuidad depende de contar con los recursos necesarios. En ese marco, también planteó la necesidad de que el oficialismo actúe con pragmatismo para impulsar medidas que permitan amortiguar la situación y encontrar respuestas frente a la crisis.
Incluso, el respaldo de Tignanelli a iniciativas como la del senador Mario Ishii, que propuso declarar la emergencia alimentaria en la provincia, sumó otro capítulo a la discusión interna sobre cómo enfrentar el recorte.
BALAS CRUZADAS EN LA LEGISLATURA
El trasfondo de la discusión no se agota en el impacto del ajuste nacional. En paralelo, la política alimentaria se convirtió en un nuevo eje de disputa dentro del propio oficialismo bonaerense. En el Senado, Mario Ishii, alineado con La Cámpora, impulsa declarar la emergencia alimentaria y avanzar con una mayor injerencia legislativa sobre el manejo de los recursos, incluso con la creación de una comisión bicameral que controle la ejecución de los programas. La movida fue leída en La Plata como un intento de condicionar al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés “Cuervo” Larroque.
La iniciativa no cayó bien en el entorno del gobernador, donde interpretan que detrás del reclamo hay una disputa política más profunda. Es que el área de Desarrollo de la Comunidad quedó en el centro de las tensiones internas, en un contexto en el que el propio gobierno provincial reconoce que el esquema de asistencia —incluido el programa MESA— está bajo revisión por la falta de recursos y el impacto del ajuste nacional.
En ese marco, mientras desde la Provincia apuntan a la deuda de Nación y refuerzan partidas para sostener la asistencia social, en el kirchnerismo duro crecen los planteos para auditar y redefinir la política alimentaria.
