Desde su despacho en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner prendió la cámara y a través de una videoconferencia expuso públicamente su audiencia sobre la causa dólar futuro, en la que aprovechó para hacer hincapié en el “Lawfare“, del que se denuncia víctima.
“Evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Me preocupa y no puedo no pensar esto. El lawfare no es solamente la persecución a través del Poder Judicial. Es, además, la articulación con los medios de comunicación”, acusó la vicepresidenta.
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Dólar futuro es una de las causas paradigmáticas del lawfare en Argentina, y seguramente quedará en los libros de historia. En plena campaña electoral para las elecciones 2015, los diputados Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (PRO) denunciaron penalmente al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por realizar operaciones de venta de dólar futuro. Una herramienta que tradicionalmente utilizan los organismos rectores del sistema financiero en todo el mundo.
La acusación era que Vanoli favorecía a sus amistades a partir de un precio irreal en la venta del dólar, en detrimento de la economía nacional. La denuncia recayó en la fiscalía de Eduardo Taiani, quien posteriormente la remitió a Comodoro Py. Con eso, el fallecido juez Claudio Bonadío inició la causa judicial por la cual hoy declararon públicamente Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Los medios acompañaron la causa. Todo ocurrió a principios de noviembre de 2015, a pocos días del ballotage entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, quien finalmente sería Presidente.
No sería justo ni lógico atribuirle la derrota electoral del entonces Frente Para la Victoria a la causa dólar futuro. El análisis político, económico y social para encontrar las causas de la derrota de Daniel Scioli es mucho más profundo. Pero vale la pena señalar una práctica desleal que, sin dudas, contribuye a embarrar la cancha al apelar a la condena social, y socava los valores democráticos.
El ex Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, explica a INFOCIELO que “hay una suerte de coordinación que ha sido una matriz en toda América Latina, donde los medios de comunicación lanzan acusaciones reiteradas ante los medios y luego el Poder Judicial ‘corrobora’ esas irregularidades a través del procesamiento de funcionarios políticos”.
“Para la sociedad esto significa que si lo dice un medio de comunicación, y viene un juez detrás y lo corrobora a través del procesamiento de diversos funcionarios, da la sensación como que hay un caso de corrupción. En los procesos judiciales se desmienten muchas veces esas afirmaciones, pero la verdad que nadie se entera”, añade.
Hoy, Kicillof fue menos técnico, pero más explícito. “El método es ensuciarte, embarrarte por cadena nacional, con el concurso de una parte del Poder Judicial y después tenés que ir por los medios pequeños limpiándote el barro con una servilleta”, lamentó.
Axel Kicillof explicó por qué la venta de dólar futuro no fue un delito.
El Gobernador acusó públicamente al periodista Marcelo Bonelli de propiciar el lawfare en su contra. Es que Kicillof, entonces Ministro de Economía, no había sido alcanzado por la denuncia de Pinedo y Negri. “Cuando me citan a indagatoria reviso las mil páginas que tenía el expediente y mi nombre no apareció una sola vez. El único que lo mencionó fue Bonelli, citando sus propias notas, donde me acusaba de ser el que había manipulado. Esa era toda la prueba que había. Bonadío metió todo en la misma bolsa y me elevó a juicio oral”, relató.
El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación confirmó su versión, y además concluyó que no hubo delito alguno en la venta de dólar futuro. “Es obvio”, rezongó Kicillof. Se trata de una herramienta totalmente lícita que luego, incluso, utilizó la gestión de Mauricio Macri bajo la presidencia de Federico Sturzenegger en el Banco Central.
“Si esto configurara un delito tendríamos que empezar a juzgar a todos los presidentes del Mundo. O bien, cada vez que un presidente del Banco Central quiera operar con dólar futuro tendría que ir a Comodoro Py a preguntarle a un juez a qué precio lo hace”, cuestionó el Gobernador.
Lo preocupante es que el lawfare parece una práctica instalada en la política no sólo nacional, sino de todo el continente. Otro de los casos paradigmáticos es el del ex Presidente de Brasil, Luiz Inacio Da Silva, que fue preso durante tres años por una causa judicial inventada por el juez Moro e impulsada a través de los medios. La condena por corrupción sirvió como olla a presión para luego destituir a Dilma Rousseff antes de que finalice su mandato. Ya con Jair Bolsonaro en la presidencia, “Lula” Da Silva fue declarado inocente.
Hay quienes festejan el lawfare y lo confunden con Justicia. Simplemente porque las causas judiciales “ayudaron” a terminar con los mandatos de las figuras políticas de izquierda que coincidieron durante prácticamente toda la década en América Latina: Lula Da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, incluso el propio Evo Morales. No es una casualidad. Incluso José “Pepe” Mujica, que no fue víctima de la persecución judicial denunció que “se usa a la justicia y a los medios haciendo responsables a los adversarios políticos”.
Más allá de la avenencia política, el lawfare debería contar con el repudio generalizado de la sociedad. Incluso de la oposición. Sobre todo de la oposición; que no debería permitir que las causas judiciales inventadas interfieran con los procesos electorales democráticos. ¿Cómo se construye legitimidad luego de llegar al poder con el beneficio del descrédito al oponente?
Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof denunciaron que fueron víctimas del lawfare en la causa del dólar futuro. La ex presidenta, actual vicepresidenta, fue procesada en diez causas judiciales. Siete de ellas estuvieron a cargo del juez Claudio Bonadío. En una -la del bastón presidencial- ya fue sobreseída. “Dólar futuro” y “cuadernos”, tambalean. Si estas causas se desarman, ¿Cómo no pensar que el resto de las causas en su contra también son parte de la persecución que denuncia?
En una época de descreimiento generalizado de la política, de los funcionarios, y también del Poder Judicial, es menester exigir con firmeza que se respeten las garantías constitucionales. Poder separar la paja del trigo, entre denuncias mediáticas que buscan el descrédito, y denuncias legítimas de corrupción; y garantizar que la Justicia sea efectiva. El lawfare es un atentado contra todo ello.
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