Las usurpaciones de terrenos no son un problema nuevo en la ciudad de La Plata pero ahora la situación se ha agravado por que estas prácticas ponen en peligro desarrollos urbanísticos que buscaban paliar el déficit habitacional en la región. En ese marco, desde la Municipalidad adelantaron que “no se quedarán de brazos cruzados” y buscarán “todas las alternativas” para combatir este flagelo.
Un caso paradigmático tiene lugar en la zona de Nuevo Abasto, en el predio de Avenida 520, entre 214 y 217. La Legislatura aprobó la expropiación del lugar, ya estaban las familias adjudicatarias y ahora una usurpación no permite el comienzo de las obras.
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En 2016, la Nación y la Comuna habían llegado a un acuerdo para el levantamiento de las viviendas pero hace tres meses que hubo una ocupación. Por eso, a partir de una denuncia de los vecinos beneficiados, el Ejecutivo se presentó como particular damnificado en una denuncia que tomó la UFI 16 de Eugenia Di Lorenzo y el juzgado de Jorge Moya Panisello.
Otro caso se da en 155, 47 a 49, en parcelas que eran del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense y que la Provincia le donó a La Plata con el decreto 2098 de 2008, entrega que fue confirmada por la ordenanza 10490. Allí el escenario es el mismo: un asentamiento ilegal impide la realización del Plan Federal de Viviendas.
“Esas casas iban responder la obligación del Estado de garantizar el acceso a la vivienda como manda constitucional”, dijo a INFOCIELO Fernando Padován, subsecretario de Seguridad local. En este caso, la gestión de Julio Garro se apersonó en carácter de “víctima” en un expediente que instruye la UFI 8 de Hugo Tesón y entiende el juez Juan Pablo Massi.
Además de las normativas y planos vigentes, Calle 12 presentó pruebas de cómo esas tierras se estaban comercializando de manera fraudulenta en redes sociales, lo que podrían dar paso a la constatación de uno o varios delitos. “Otro problema son las conexiones clandestinas”, agregó el funcionario.
Un tercer episodio tiene lugar unos 800 metros al sudoeste de la estación Abasto, junto a las vías del ramal entre Ringuelet y Brandsen que corren paralelas a la calle 516 bis, entre 215 y 222. Allí, el Juzgado de Garantías Nº1 local, a cargo de Federico Atencio, dictó la medida de “no innovar” requerida por la oficina de Padován para evitar la expansión de las casillas.
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