La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocó a legisladores de todos los bloques para hablar sobre la situación de las economías regionales. Las autoridades de la entidad buscan “transformar las estructuras normativas en facilitadoras del crecimiento”. Las reformas libertarias quedaron expuestas.
La reunión giró en torno a un documento elaborado por la CAME titulado Diagnóstico de situación de las economías regionales que elaboraron a principios de abril. Cabe recordar que se trata de un universo que genera el 70% de la mano de obra rural y representa a más del 60% de las explotaciones agropecuarias de todo el país, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2018.
Antes de enumerar las problemáticas, Eduardo Rodríguez, director del sector Economías Regionales de la CAME, remarcó que “tienen una gran incidencia a nivel regional y provocan un efecto multiplicador en actividades asociadas como transporte y servicios”. De ahí que las autoridades pidieran “políticas diferenciales“.
Durante el encuentro, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada aprovechó para cuestionar al Gobierno Nacional y también a quienes apoyan su modelo. “Ya hubo DNU 70, ya hubo Ley Bases, ya hubo Presupuesto 2026 aprobado. Hubo dos salvatajes financieros, FMI y Scott Bessent, y hubo una reforma laboral“, enumeró.
A pesar de todas esas iniciativas, la legisladora marcó que “si en lugar de ver resultados buenos estamos reunidos porque hay una emergencia en el mundo pyme, es porque hay un problema de diseño, hay un problema de modelo económico“.
Los desafíos de las economías regionales, según la CAME
El documento presentado ante legisladores por la cámara empresaria tiene un total de 8 problemáticas sobre los cuales pretenden trabajar desde el Congreso.
- Falta de rentabilidad: según relevaron, muchos productores no cubren los costos de producción porque los precios de venta se mantienen sin cambios o aumentan por debajo de la inflación, combinándose con otros factores que presionan costos y márgenes.
- Presión tributaria: denuncian que el sistema tributario argentino es distorsivo en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), siendo un obstáculo para la rentabilidad y competitividad. Consideran que la reforma laboral incorporó cambios como el RIMI o la alícuota de IVA reducida para regantes agroindustriales que “no son suficientes para incentivar la producción”.
- Dólar atrasado: aseguran que el tipo de cambio está bajo y que eso desalienta exportaciones mientras que abarata importaciones, encareciendo los productos argentinos.
- Costo laboral: piden reducir las cargas patronales a través del Mínimo No Imponible (MNI) y actualizar la base imponible de acuerdo a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. También proponen modificar los convenios de corresponsabilidad gremial.
- Costo energético: reclaman que bajen la alícuota de IVA para el gas de uso productivo en las agroindustrias.
- Acceso al crédito: las altas tasas, la falta de períodos de gracia (o su brevedad) y los requisitos estrictos limitan la inversión, frenan la incorporación efectiva de innovación y tecnología, restringiendo mejoras en la productividad.
- Infraestructura y logística: en este ítem marcaron tres problemas distintos: el deterioro de las rutas, la falta de obras en la hidrovía y la creación de puertos secos.
- Riesgos externos: finalmente, la CAME advirtió sobre el aumento de los combustibles desatado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. “Está impactando directamente sobre los costos de producción”, sostuvieron.
