La preocupación por la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas sumó un nuevo capítulo. En medio de la retracción del consumo y las dificultades que enfrenta buena parte del sector productivo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, una serie de medidas de alivio fiscal para evitar que la carga tributaria y las sanciones agraven aún más el escenario de las PyMEs.
El pedido surgió luego de que el Gobierno nacional anunciara el envío al Congreso de un proyecto para modificar la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Ante esa iniciativa, la entidad empresaria reclamó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas, ejecuciones fiscales y embargos mientras transcurra el período de espera contemplado en la futura normativa.
Más margen para sobrevivir
Desde CAME consideraron que las empresas necesitan contar con herramientas que les permitan regularizar su situación sin enfrentar sanciones inmediatas. Por ese motivo, plantearon que quienes cancelen o regularicen las obligaciones intimadas dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese período puedan acceder a una reducción del 50% en las multas correspondientes.
La organización sostuvo además que la sanción completa debería aplicarse únicamente cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación exigida una vez agotado ese plazo adicional. Según remarcaron, el objetivo es generar incentivos para la regularización voluntaria y evitar que las dificultades financieras deriven en un mayor deterioro de la actividad económica.
Otro de los puntos centrales del planteo apunta a la implementación de un régimen especial de facilidades de pago. El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, propuso un esquema que contemple hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. Además, solicitó que el beneficio alcance tanto a las deudas vencidas al 31 de mayo de este año como a los planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.
El reclamo empresarial se produce en un contexto complejo para el sector. De acuerdo con datos difundidos por Fundar, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia se perdieron 24.437 empresas empleadoras, lo que representa una caída del 4,8% del total y constituye el retroceso más pronunciado para los primeros 27 meses de una gestión nacional desde al menos 2003. A este escenario se suma la persistente debilidad del consumo interno y el debate abierto en torno a una eventual reforma tributaria impulsada a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese marco, desde CAME advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan sostener el entramado productivo y preservar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. “Consideramos importante atender este planteo para promover condiciones que contribuyan a fortalecer a las PyMEs y acompañar su desarrollo sostenible”, señalaron desde la entidad, en un mensaje que refleja la creciente preocupación de uno de los sectores más golpeados por la actual coyuntura económica.
