Este martes, dos tapas de los diarios más leídos del país (Clarín y La Nación) dejaron expuesta con notable claridad una lógica de selectividad informativa que merece un análisis profundo. Mientras la primera portada amplificó con insistencia una disputa política entre el ministro de Economía Luis Caputo y el intendente bonaerense de Pilar, Federico Achával, la segunda informó casi en tono administrativo que las naftas acumulan un incremento del 47% en lo que va del año, muy por encima de la inflación del período.
Dos hechos fiscales coexistentes, pero con visibilidades radicalmente distintas: uno municipal bonaerense, específico y acotado; otro nacional, de alcance masivo e impacto económico profundo. Sin embargo, sólo uno fue puesto en el centro del debate público.
La suba de combustibles: un ajuste fragmentado y silencioso
Según informó La Nación, los combustibles subieron hasta un 47% en el año, superando ampliamente la inflación. Con precios promedio de $1630 para la nafta súper y $1850 para la premium en CABA, el impacto económico es evidente.
No obstante, la explicación se dispersa entre tecnicismos: actualización de impuestos nacionales como el ICL y el tributo al dióxido de carbono, ajustes en los valores de los biocombustibles y una devaluación acumulada del dólar mayorista cercana al 42%.
La combinación de aumentos pequeños, frecuentes y administrados con poca o nula visibilidad periodística genera un fenómeno conocido: el público deja de registrar la magnitud acumulada.
Es un ajuste distribuido, continuo y poco espectacular. Paradójicamente, su efecto real es nacional, homogéneo y de alcance muy superior a cualquier tasa municipal.
Pero por su baja visibilidad segmentada, se vuelve una carga silenciosa.
Pilar, un municipio convertido en villano nacional
En contraste, la tapa de Clarín convirtió una decisión local del municipio de Pilar en un tema de alcance nacional.
La actualización de la Tasa de Protección Ambiental (que pasó de un esquema fijo a un 2% sobre operaciones netas de IVA en supermercados e hipermercados) fue presentada como un “atentado contra el consumidor”.
La mediatización fue posible gracias a la intervención directa del ministro Luis Caputo, quien publicó en la red social X un llamado explícito a boicotear al distrito: “No compren nada en Pilar”.
Resulta llamativo que un tributo municipal, acotado a una jurisdicción y a un tipo puntual de actividad económica, haya sido transformado por un funcionario nacional en un asunto de interés público masivo.
El mensaje político es claro: convertir a Pilar en ejemplo disciplinador, moldeado como sinónimo de “impuesto abusivo”, mientras los incrementos nacionales de combustibles que afectan a todo el país permanecen en un plano informativo secundario.
El rol amplificador del Estado nacional y sus medios afines
Que un ministro de Economía promueva un boicot a un distrito específico es un hecho institucional inusual. Incluso desde una perspectiva federal, resulta paradójico ver a un representante del Estado nacional adoptar una posición que, en lugar de moderar tensiones, las exacerba.
Mientras tanto, los aumentos de naftas (que surgen de decisiones también impositivas del propio Ejecutivo) no reciben una estrategia comunicacional equivalente que los explique en profundidad al público.
Más aún: la intervención directa del ministro en la agenda mediática evidencia un patrón de manipulación de la visibilidad pública.
Lo que se nacionaliza no es la información relevante, sino la disputa política. Lo municipal se amplifica por motivos estratégicos; lo nacional se disimula porque representa un costo político mayor. Esto configura un ejemplo clásico de “agenda setting“: la relevancia no se fija por impacto, sino por conveniencia.
Indignación selectiva y construcción mediática
La disparidad en el tratamiento periodístico demuestra cómo la “indignación pública” puede ser inducida. La actualización impositiva aplicada por el Gobierno nacional sobre los combustibles tiene un efecto multiplicador directo sobre transporte, logística, bienes y servicios esenciales.
Pero al no ser presentada con dramatismo en las portadas, ni señalada con nombres propios, se naturaliza como parte del paisaje económico.
Por el contrario, cuando un intendente bonaerense actualiza una tasa ambiental acotada (por discutible que pueda ser) el dispositivo mediático lo transforma en un símbolo de desorden fiscal.
Es un fenómeno de doble rasero evidente: las cargas del centro se relativizan; las de la periferia se exhiben como amenazas. El resultado final es una ciudadanía expuesta a un marco interpretativo que no responde al impacto real de las políticas, sino a la estrategia narrativa del poder.
El contraste entre la tapa que minimiza los aumentos nacionales de nafta y la que sobredimensiona una tasa bonaerense muestra que la discusión pública ya no se organiza por importancia económica, sino por utilidad política.
Para quienes vivimos en la Provincia de Buenos Aires, este tipo de construcciones comunicacionales refuerzan una sensación concreta: mientras el gobierno nacional administra aumentos que afectan a millones, la responsabilidad se desplaza hacia los municipios, moldeando una percepción distorsionada y funcional a la centralización del poder.
