La política de seguridad desplegada frente a la protesta social volvió a quedar bajo la lupa. Un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que durante el segundo año del gobierno de Javier Milei las acciones represivas se duplicaron, con un aumento significativo de personas heridas, detenidas y casos de extrema gravedad, incluidos trabajadores de prensa, jubilados y defensores de derechos humanos.
El relevamiento, elaborado por el organismo que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se basó en tareas de monitoreo realizadas en 79 movilizaciones públicas a lo largo del último año. De ese total, 34 marchas registraron hechos de represión, lo que equivale a 4 de cada 10 manifestaciones. La comparación con el primer año de gestión marca una escalada clara: en 2024 se habían reprimido 17 protestas sobre un total de 60 observadas. Según el informe, al menos 1.369 personas resultaron heridas en estos operativos.
Entre los casos más graves, la CPM pone especial énfasis en el del fotógrafo Pablo Grillo, herido mientras cubría una manifestación, y en los de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de uno de sus ojos tras recibir impactos de balas de goma. El documento subraya además que la cantidad de trabajadores de prensa heridos se duplicó respecto del año anterior y que los heridos adultos mayores se cuadruplicaron, un dato que grafica el cambio en el perfil de los blancos represivos.
El cambio de los blancos represivos
En línea con otros informes recientes, como el elaborado por el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma, la CPM advierte que la represión no solo se intensificó, sino que también modificó su foco. Mientras que en el primer año de gobierno el objetivo principal fueron las movilizaciones protagonizadas por organizaciones sociales y piqueteras, en el segundo año el blanco pasó a ser las agrupaciones de jubilados, particularmente las que se concentran semanalmente frente al Congreso. En total, el informe contabiliza 155 jubilados heridos, además de 5 niños y adolescentes y 20 defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban monitoreando las protestas.
El capítulo de las detenciones refuerza el diagnóstico de criminalización de la protesta. Durante el segundo año de gestión se registraron 165 detenciones arbitrarias, frente a las 93 del primer año, lo que representa un incremento del 77%. En la mayoría de los casos, las aprehensiones se produjeron durante la desconcentración de las marchas y derivaron en imputaciones por figuras como atentado y resistencia a la autoridad o daños, una práctica que ya había sido señalada por otros organismos como un mecanismo disuasivo.
El informe también detalla el uso extendido y combinado de armamento represivo, que incluyó postas de goma disparadas a corta distancia, gas pimienta aplicado directamente en el rostro, escopetas Byrna con químicos irritantes, granadas de gas lacrimógeno, camiones hidrantes y golpes con bastones. A esto se suma la denuncia de tareas de inteligencia ilegal en el 69 por ciento de las marchas monitoreadas y la portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas en este tipo de operativos, en el 78 por ciento de los casos relevados.
Si bien el informe apunta directamente a las responsabilidades del presidente Javier Milei y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también incluye al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el accionar de las fuerzas de la Ciudad. Para la CPM, la represión “ha sido sistemática pero selectiva” y responde a una estrategia orientada a disuadir el repudio callejero frente al deterioro socioeconómico. “El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos”, concluye el documento, al advertir que este posicionamiento excede los márgenes de las diferencias tolerables dentro de una democracia plural.
