La reciente reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 1066/2026, que impone el cobro de atención no urgente a extranjeros en hospitales nacionales, tiene un antecedente directo que hoy funciona como el “espejo” de la gestión libertaria: el modelo de Salta. La provincia gobernada por Gustavo Sáenz, pionera en implementar el “peaje sanitario” a principios de 2024, difundió hoy cifras que dan cuenta de una desaparición casi total de los denominados “Tours de Salud”.
Los datos que emanan del norte argentino son elocuentes respecto a la efectividad de la medida para reducir la demanda externa. Según el reporte oficial salteño, se pasó de atender a 31.561 pacientes extranjeros en 2023 a registrar apenas 77 en 2024 y una cifra marginal de 10 pacientes en lo que va de 2026. Esta caída drástica en la afluencia de no residentes es el principal argumento que el Gobierno nacional busca replicar para “estandarizar los flujos de cobro” en los efectores que administra en territorio bonaerense y el resto del país.
El ahorro en ambulancias y la “falta de reciprocidad”
Para la administración salteña, la decisión de arancelar la atención no respondió solo a una lógica de ajuste, sino a un criterio de “justicia distributiva” ante la falta de reciprocidad sanitaria que sufren los argentinos en países vecinos. El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, fue taxativo al defender la prioridad de los recursos: “Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”.
Más allá del discurso político, la gestión bonaerense y nacional miran con atención el destino de los recursos recuperados. Salta informó que el dinero ahorrado por dejar de financiar la atención de no residentes permitió la adquisición de 34 nuevas ambulancias e insumos críticos para sus hospitales provinciales. Este punto es el que genera mayor atractivo para la Casa Rosada, que hoy busca mediante la nueva normativa que los extranjeros sin seguro cancelen el arancel previo a cualquier prestación programada.
El punto de contacto: la gratuidad en emergencias
A pesar de la rigurosidad de los controles, tanto el modelo de Salta como la flamante Resolución 1066/2026 mantienen un bloque de valores innegociables: la atención de emergencias sigue garantizada y será gratuita para todos los extranjeros, independientemente de su situación migratoria, siempre que exista un “riesgo cierto e inminente para la vida”.
El anexo nacional detalla que situaciones como paros cardiorrespiratorios, infartos o emergencias obstétricas y pediátricas críticas no podrán ser negadas ni condicionadas a pagos previos. En este sentido, la Nación busca aplicar el mismo criterio que Salta para determinar qué es una urgencia y qué es una “atención habitual” sujeta a cobro.
