Jonathan Morel estuvo detenido en Ezeiza por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero a principios de noviembre la Sala I de la Cámara Federal ordenó su liberación (y la de otros tres integrantes de Revolución Federal). Desde entonces, el joven carpintero está viviendo en la ciudad de Chivilcoy junto a su abuela. Trabajo en cafeterías céntricas, reaparición mediática, miedo y repudio.
Antes de que termine el 2022, el muchacho le concedió una entrevista al diario local La Razón de Chivilcoy donde contó cómo retomó su vida. Mientras continúa procesado por apología del delito, Morel vive con su abuela, alejado de la Ciudad de Bueno Aires, y trabajando de mozo en una cafetería céntrica del distrito. Desde allá, volvió a negar cualquier tipo de participación en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, pero ratificó sus posiciones políticas. “No estoy en la causa de intento de magnicidio porque no tengo nada que ver, pero lo que sí tengo es una postura en la que no me banco a Cristina”, declaró en un pasaje de la entrevista.
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Esta reaparición pública generó malestar en un sector de la política chivilcoyana. De hecho, el Partido Justicialista local emitió un comunicado para expresar su repudio. “Para alguien desprevenido puede parecer una persona común sirviendo un café en un bar, pero es un fanático guiado que promueve la violencia y la eliminación física de quienes son objeto de su odio“, señalaron. Con críticas al Poder Judicial, el PJ de Chivilcoy advirtió: “los jueces macristas decidieron que esté libre y ahora tenemos a un neonazi en nuestras calles”.
En la misma línea se manifestó la agrupación Peronismo Militante Chivilcoy. “Como a los nazis les va a pasar adonde vayan (Revolución Federal) los iremos a buscar“, dice uno de los dos pasacalles que aparecieron en la vía pública de la ciudad. Ante esto, ya comenzado el 2023, el líder de Revolución Federal se presentó en el Juzgado Federal y Correccional 8 para denunciar que se siente “amenazado”.
Morel había sido detenido el 20 de octubre en Paraná en el marco de un operativo que incluyó 11 allanamientos y tuvo más detenidos. La intención de Martínez de Giorgi era apresarlos por “averiguación de delito”. A los 10 días tanto él como sus compañeros de Revolución Federal (Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra) recuperaron la libertad porque el tribunal de alzada entendió que “no existen riesgos procesales suficientes” para continuar con la prisión preventiva. Los 4 están procesados por imponer sus ideas por la fuerza, un delito incluido en el Código Penal penado con entre 3 y 8 años de prisión.
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