La caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de los precios han configurado un escenario crítico para los hogares bonaerenses. Al aire de Todo no se puede, por LA CIELO, la diputada provincial Ana Luz Balor detalló los alcances de su iniciativa legislativa, la cual busca modificar la Ley de Defensa del Consumidor (13.133) para ofrecer un salvavidas legal a quienes han caído en una espiral de deudas de la que no pueden salir.
Según el diagnóstico de la legisladora, el perfil del deudor ha cambiado drásticamente. “Las familias no se están endeudando para comprar televisores ni para irse de viaje, sino que se están endeudando para sencillamente subsistir, para pagar servicios y comprar alimentos”, explicó Balor en la entrevista radial. Esta situación se agravó en marzo con el aumento de los transportes y servicios públicos, generando que los sueldos no alcancen para cubrir lo básico.
Ante la desesperación, muchos ciudadanos recurren a créditos de fácil acceso pero con tasas usurarias. “Tenés a solo un clic de distancia de tu teléfono la posibilidad de acceder a un crédito (…) si vos le tenés que dar de comer a tu hijo no vas a estar pensando en el interés, después intentarás ver cómo lo pagás”, sentenció la diputada, advirtiendo sobre la “laxitud” de las billeteras virtuales y las casas de préstamos que otorgan dinero solo con la fotocopia del DNI.
Mediación gratuita y freno a los embargos
El corazón del proyecto es la incorporación de la figura de “sobreendeudamiento” en el marco legal provincial. Esto permitiría que las oficinas municipales de Defensa del Consumidor y la Justicia de Faltas local intervengan como mediadores. “Lo que viene a proponer es que se puedan realizar audiencias entre aquellos usuarios consumidores de créditos y los proveedores para que haya una negociación de reestructuración de esta deuda, que haya una quita de intereses o de capital”, detalló Balor.
Un punto clave de la “letra chica” es la protección inmediata del patrimonio familiar. La iniciativa propone “la suspensión de las actuaciones judiciales por 90 días mientras dure esta audiencia de conciliación”, evitando que el deudor pierda sus bienes mientras intenta renegociar. Balor aclaró que esto no implica un salvataje económico estatal: “No se plantea ningún tipo de subsidio o pago de la deuda por parte del Estado, sino garantizar estas actuaciones y mediaciones de manera gratuita”, para evitar que el usuario deba gastar dinero en abogados que no tiene.
Educación y salud mental
El proyecto también aborda las consecuencias invisibles de la crisis financiera. “Estamos viendo que además está afectando la salud física y mental de las personas (…) es un estado de estrés constante hacia adentro de las familias”, advirtió la legisladora en LA CIELO.
Como medida de prevención a largo plazo, la ley busca que el sistema educativo formal brinde herramientas de defensa. “Una de las cosas que plantea el proyecto es incorporar en la enseñanza oficial la educación financiera en el nivel secundario”, explicó Balor, argumentando que es vital que los adolescentes entiendan los riesgos de los contratos digitales y las apuestas virtuales antes de manejar sus propias cuentas. “Cada cosa que nosotros hacemos a través del teléfono conlleva un riesgo y tenemos que tomarlo muy seriamente”, concluyó.
