En medio de la controversia por la reciente propuesta del Gobierno de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, anunciada por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal dictó la resolución 11167/2024, que prohíbe al Ejecutivo recortar o eliminar los programas destinados a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género.
La decisión judicial llega en un contexto de creciente tensión política y social, justo cuando Cúneo Libarona confirmó que el gobierno buscará “eliminar la figura de femicidio del Código Penal Argentino”, como parte de una iniciativa que aún necesita ser debatida y aprobada en el Congreso. En ese mismo discurso, el Ministro argumentó que el feminismo “es una distorsión del concepto de igualdad” que genera divisiones, al poner “a una mitad de la población en contra de la otra”, palabras que siguen alimentando la polémica en torno a las políticas de género de la actual administración.
Detalles de la resolución judicial
La resolución 11167/2024 establece que el Gobierno debe abstenerse de reducir los recursos humanos y la infraestructura de los programas vinculados a la violencia de género, gestionados por la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Además, se prohíbe realizar reorganizaciones en estos organismos, garantizando la continuidad de la publicación de estadísticas y evidencia relevante en torno a la problemática. Este fallo responde a una acción judicial presentada por varias organizaciones sociales, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, FUNDEPS, MxM y FEIM, quienes exigían garantías sobre la continuidad de estos programas en el marco de las obligaciones legales y los tratados internacionales ratificados por Argentina.
¿Y entonces?
Esta resolución marca un precedente significativo, ya que es la primera acción judicial en el gobierno de Javier Milei dirigida a resguardar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por primera vez, las organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres han sido reconocidas como legitimadas para representar a este colectivo, lo que fortalece la defensa de sus derechos y asegura la continuidad de las políticas públicas en este ámbito.
Este fallo judicial resalta la importancia de las organizaciones sociales y el movimiento feminista en la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han sido un actor fundamental para garantizar que los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños víctimas de violencia de género no se vean afectados por las decisiones del Gobierno.
