El conflicto generado hace meses sobre la instalación de un aeropuerto en la base militar en El Palomar sumó un nuevo capítulo con la intervención de la justicia. Es que ordenó un freno a las intenciones del presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de poner en funcionamiento la terminal aérea para que operen las aerolíneas low cost en un panorama poco claro. Los vecinos y organismos de derechos humanos fueron clave para que se llegue a esta instancia.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un recurso de amparo para que la empresa FB Líneas Aéreas SA, denominada FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se abstengan de continuar con las obras en los hangares y otros sectores.
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De este modo, la resolución va en consonancia con el reclamo de los vecinos y organizaciones de derechos humanos donde planteaban que tendría impacto negativo en el medio ambiente y que se destruirían pruebas de un lugar destinado como “sitio de la memoria”.
Días atrás se realizó una inspección ocular en el lugar y se encontraron dos edificios cercanos a la pista, de los cuales uno tenía la leyenda ‘Depósito de Explosivos’ y otro denominado como ‘Polvorín’. Por ese motivo y al no contar con la documentación correspondiente que acredite que los mismos están desactivados, la jueza entendió que sería peligroso para quienes se encuentren en la zona.
Según trascendió, el gobierno nacional apelaría la resolución judicial debido a que ya tenía casi todo listo para que las empresas low cost comenzaran a operar desde enero. En acuerdos poco claros, la aerolínea Flybondi había accedido al permiso para explotar los vuelos. La participación de los vecinos y las organizaciones de derechos humanos fueron parte fundamental para que la situación se detenga y quede en favor de los derechos que reclamaban.
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