La represión contra quienes defienden la universidad pública vuelve a poner en primer plano el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la comunidad universitaria, mientras la Justicia habilitó nuevos recursos del Ejecutivo para discutir la vigencia de la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. La decisión no dejó sin efecto la obligación del Estado, pero abrió otra instancia de revisión que prolonga la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a un recurso de queja presentado por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. El planteo apunta contra una decisión del juez Martín Cormick, quien había rechazado la apelación del Gobierno a la continuidad del procedimiento de ejecución de la medida cautelar.
Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán consideraron que la resolución cuestionada podía ocasionarle al Estado un perjuicio de difícil reparación. De esa manera, habilitaron el tratamiento del recurso que el Ejecutivo había intentado presentar sin éxito ante el juzgado de primera instancia.
Sin embargo, el alcance del fallo es acotado: la Cámara no resolvió si el Gobierno cumplió efectivamente con las obligaciones impuestas ni declaró vencida la cautelar. Tampoco anuló la orden judicial que exige garantizar los recursos previstos para los trabajadores universitarios y las becas. Lo que hizo fue permitir que avance la apelación, con lo que el Ejecutivo gana margen para sostener su estrategia judicial frente a un reclamo que continúa sin una resolución definitiva.
Un nuevo capítulo en la disputa por el financiamiento universitario
El conflicto se originó en una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otras instituciones, contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde provendrían los recursos necesarios para implementarla.
El Poder Ejecutivo apeló la decisión y, desde entonces, buscó cuestionar tanto el alcance de las obligaciones como la continuidad de su ejecución. A través del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Educación, las autoridades sostuvieron que la cautelar tenía un límite temporal que ya habría vencido y afirmaron que el Estado cumplió con las disposiciones de la Ley 27.795.
Como parte de esa argumentación, el Gobierno aseguró que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación registrada durante ese período. También cuestionó que se le exigiera cumplir con la medida bajo apercibimiento de sanciones económicas sin que, según su planteo, se hubieran precisado los montos pendientes de pago.
En sus presentaciones, los representantes del Ejecutivo insistieron en que la limitación temporal formaba parte de las condiciones originales de la tutela judicial y que, por lo tanto, no correspondía mantener abierto el procedimiento de ejecución en los términos dispuestos por el juez.
La obligación del Estado sigue en discusión
Las decisiones judiciales representan un alivio procesal para la administración de Milei, que busca evitar las consecuencias económicas derivadas de un eventual incumplimiento. No obstante, habilitar una apelación no equivale a darle la razón al Gobierno sobre el fondo del conflicto.
La cautelar que exige actualizar los salarios universitarios y garantizar las becas continúa siendo el eje de una disputa que enfrenta a las autoridades nacionales con las instituciones educativas y sus trabajadores. Mientras se tramitan los recursos, la Justicia todavía debe determinar el alcance temporal de la medida, evaluar los argumentos oficiales y resolver si corresponde mantener las exigencias de cumplimiento en los términos establecidos.
El escenario judicial se desarrolla en medio de un conflicto político y social más amplio por el desfinanciamiento de las universidades públicas, con reclamos de docentes, no docentes, estudiantes y autoridades académicas para que el Gobierno garantice los recursos necesarios para sostener el sistema universitario.
En ese contexto, la represión contra las manifestaciones en defensa de la educación pública suma un elemento de gravedad a una disputa que excede los expedientes judiciales. Mientras la comunidad universitaria reclama el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso, el Gobierno continúa recurriendo a distintas instancias para cuestionar las obligaciones que le impuso la Justicia.
Por ahora, la Cámara no eximió al Estado de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni determinó que las obligaciones establecidas hayan perdido vigencia. La controversia seguirá su curso judicial, mientras persiste la incertidumbre sobre la efectiva actualización de los salarios y la garantía de los fondos para las becas estudiantiles.
