La represión desplegada durante la quinta Marcha Federal Universitaria dejó una grave denuncia por parte de las organizaciones de prensa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) contabilizaron al menos siete trabajadores de prensa baleados y decenas de heridos durante el operativo de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso, mientras se desarrollaba la movilización en defensa de la educación pública y contra el DNU 70/2023.
Según denunciaron ambas entidades, efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería dispararon directamente contra periodistas y fotorreporteros que cubrían la protesta, en algunos casos a corta distancia y hacia el torso, pese a que se encontraban claramente identificados como trabajadores de prensa.
“Las fuerzas federales que reprimieron la protesta volvieron a mostrar una saña particular contra quienes estaban realizando sus tareas periodísticas”, señalaron en un comunicado conjunto, en el que advirtieron sobre la gravedad de las agresiones y sus consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión.
El relevamiento incluyó casos de trabajadores alcanzados por balas de goma, golpes con bastones y gases irritantes. Para las organizaciones, los hechos no constituyen episodios aislados, sino que se inscriben en un escenario de creciente violencia contra quienes registran y documentan las intervenciones de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.
Periodistas baleados, golpeados y gaseados
Entre los casos denunciados se encuentra el de Laura Quispe, periodista de TeleSISA, quien recibió nueve impactos de balas de goma en la espalda y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía. Tras realizarle estudios, los médicos determinaron que dos perdigones habían quedado alojados en su cuerpo.
También fue herido Guido Piotrkowski, reportero gráfico de Página/12, quien recibió dos impactos directos en el pecho desde una distancia muy corta. La secuencia quedó registrada en sus propias fotografías.
Federico Imas, fotógrafo freelance, recibió un disparo de bala de goma en la espalda y necesitó atención médica por los efectos de los gases en los ojos. En tanto, Nicolás Hernández, fotógrafo de El Grito del Sur, fue alcanzado por dos proyectiles en el antebrazo mientras intentaba cubrirse el rostro. La lista incluye además a Gabriela Manzo, de Radio Gráfica, quien recibió tres impactos en las piernas, y a dos fotorreporteros de Indymedia Argentina que fueron baleados en el torso. Según la denuncia, uno de ellos recibió los disparos a quemarropa.
Las agresiones también alcanzaron a Nicolás Suárez, que registraba la movilización para La Nación y recibió un bastonazo por la espalda, y a Germán Romeo, fotógrafo freelance, quien sufrió un golpe en la cabeza y recibió gas pimienta en los ojos a muy corta distancia, con consecuencias para su visión.
Una denuncia por un patrón de violencia contra la prensa
En el comunicado, SiPreBA y ARGRA sostuvieron que las agresiones contra periodistas durante las manifestaciones buscan obstaculizar la cobertura y limitar la posibilidad de documentar los hechos, identificar a los responsables y brindar información a la sociedad.
“La represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables”, advirtieron, al establecer un paralelismo con el caso de Pablo Grillo, el fotoperiodista que resultó gravemente herido en 2025 tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta.
Las entidades afirmaron que vienen denunciando ante la Justicia y los organismos internacionales un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer la libertad de expresión desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.
De acuerdo con sus registros, desde el inicio de la actual gestión más de 300 cronistas, fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos durante manifestaciones. Esa cifra representaría alrededor del 10% del total de personas heridas en ese tipo de episodios, según los datos relevados por organismos de derechos humanos citados por las organizaciones.
Llevarán los casos ante organismos internacionales
Las organizaciones anunciaron que remitirán la información recopilada sobre los trabajadores heridos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, como parte de las presentaciones que vienen realizando durante los últimos años.
En ese sentido, recordaron que el informe de la CIDH correspondiente a 2025 señaló retrocesos en materia de libertad de expresión en Argentina, además de advertir sobre agresiones destinadas a silenciar voces críticas y episodios de violencia física contra periodistas durante manifestaciones.
El comunicado también puso el foco en el equipamiento que los trabajadores de prensa deben utilizar para cubrir las protestas y reducir los riesgos de lesiones. Cascos y máscaras antigás, elementos habituales en zonas de conflicto armado, se volvieron parte de la protección que necesitan para desarrollar su tarea en las calles. “Es un equipamiento que usan los corresponsales de guerra y que no vamos a naturalizar”, remarcaron.
La denuncia vuelve a poner en discusión el accionar de las fuerzas federales durante las movilizaciones y las garantías para que periodistas y reporteros gráficos puedan registrar los operativos sin ser blanco de disparos o agresiones. Para las entidades gremiales y profesionales, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades resulta central para evitar que la violencia contra la prensa se convierta en una constante en las protestas sociales.
