Al habitual destrato que sufren a diario los afiliados del PAMI, se suma, ahora, una modalidad de estafa silenciosa, de la que participan privados: la cobertura que la obra social de los jubilados paga formato ‘cápitas’ a grandes clínicas y sanatorios privados que, sin embargo, se niegan a prestar el servicio por el que cobran jugosos honorarios.
El sistema de cápita es sencillo: la obra social abona ‘prestaciones’ (coberturas) a clínicas y sanatorios privados, que se dividen, alfabéticamente, la lista de afiliados del PAMI. Un procedimiento que obliga a las clínicas a atender cualquier requerimiento de un afiliado del PAMI, justamente porque el servicio fue abonado de antemano.
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Pongamos un ejemplo, que –por ahora, y a efectos ilustrativos- no incluirá nombres reales: la Clínica A, cobra todos los meses una determinada cantidad de dinero –Entiéndase: lo pagan los jubilados, a quienes les descuentan de sus haberes- para atender los afiliados al PAMI desde la letra A a la C. Eso incluye, por ejemplo, una eventual internación del jubilado.
Sin embargo, cada vez que un afiliado requiere una prestación de esa naturaleza, la respuesta es siempre la misma: no hay camas. Así, los jubilados son derivados a centros pertenecientes al sistema público de salud –cuando no a su casa- que, naturalmente, tiene que absorber los costos de una internación que los privados ya cobraron.
La maniobra impacta en la calidad de la prestación de los servicios del sistema público de salud que, se supone –así debería ser- tendría que garantizar la cobertura para quienes transitan la vida sin ningún tipo de cobertura, ni prepagas.
Los convenios con las Clínicas y Sanatorios privados suelen cubrir lo que se identifica, en términos de las prestaciones, como ‘clave amarilla, y/o roja’. Se trata de asistencia a problemas que en muchos casos son graves.
La misma estafa aplicaría al sistema de traslados de los jubilados. Las empresas que brindan el servicio de ambulancias para atender emergencias médicas también cobran cápitas.
Otra vez, la misma maniobra: empresas que deberían trasladar a los jubilados a centros asistenciales que ya cobraron por el servicio, los desatienden o dejan de cumplir con ese servicio, y les envían ‘remises’ para los traslados.
Sobre todo de aquellos pacientes que requieran movilizarse varios kilómetros para atender sus dolencias, algunas de ellas graves. Resultado: los jubilados y/o sus familiares a cargo, discan el 107, el servicio de atención público para ese tipo de situaciones de emergencias, según denunciaron a este portal familiares familiares a cargo de varios jubilados.
Hay toda una ingeniería al servicio de hacer funcionar, de manera aceitada, la estafa: la mayor parte de los abuelos desconoce que tienen cobertura para internaciones y/o traslados ante la emergencia, que deberían garantizárselos quienes cobraron por ese servicio.
Nadie, desde el PAMI, les notifica a ellos o a sus familiares a cargo, la ‘cobertura’ que tienen (o deberían tener) garantizada. El círculo de la desidia se complementa con la vista gorda de los funcionarios públicos que manejan el PAMI.
Es tan habitual este tipo de situaciones que muchos de quienes participan del sistema y pujan desde adentro para que las Clínicas y Sanatorios cumplan con la obligación de atender a los jubilados por un servicio que ya cobraron, levantan voces de connivencia.
“Hay funcionarios que pasan a buscar el sobre por algunas clínicas”, aseguran. No es fácil de comprobar, pero si los indicios sirven para sentar bases de una sospecha sólida, la falta de ‘represalias’frente a la inacción de quienes deben garantizar la atención de los jubilados y no lo hacen, las sospechas gozan de cierta credibilidad.
Fácil: si frente a cada hecho comprobado de desatención el PAMI le debitase parte de las cápitas, una decisión que más que castigo asoma como razonable frente a un flagrante incumplimiento de las obligaciones que asume la clínica cuando cobra la cápita, los centros revisarían el accionar. ¿Por qué nadie sanciona a las clínicas que, sistemáticamente, se niegan a internar jubilados, una prestación por la que ya cobraron?.
La respuesta a esa pregunta, quizá, puede develar una aceitada red de connivencia entre quienes deben garantizar servicios elementales, y quienes deben controlar que lo hagan.
La situación de los jubilados siempre es particular. Son, de hecho, el sector de la población siempre vulnerable en materia de salud. Son, por definición, una generación ‘de riesgo’ permanente. En épocas de crisis y, sobre todo, de fuertes ajustes, la situación es más compleja aún.
Mal pagos, la mayoría de los jubilados están mal alimentados, y muchos de ellos –sinó la mayoría- mal medicados. Una situación que se agrava por la decisión del PAMI de recortar algunas prestaciones, con precarios argumentos jurídicos como contar con una vivienda propia, o con un simple automóvil.
Una restricción que fue presentada como medida de ‘ahorro’ ante –dijeron- “abusos” de parte de los jubilados, que, sin embargo, aparenta ser un recorte de sus derechos, ganados, que todavía siguen pagando.
El recorte sigue, pese a las críticas: hasta no hace mucho, a los jubilados se les entregaba 7 medicamentos: 5 de forma normal, más dos con recomendación médica. Ahora, esos adicionales también fueron suprimidos.
Hay más: muchas de las clínicas que cobran cápitas se niega a internarlos, aunque asumen la atención de algunos jubilados, pero tampoco les pagan la prestación a los médicos.
Resultado: los profesionales reclaman ‘adicionales’ o directamente le cobran por el servicio que, se supone, debería estar cubierto por la obra social.
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