La Suprema Corte de Justicia dio un paso al siglo XXI y creó la Comisión Permanente en materia de Género e Igualdad, que tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, un logro histórico de las mujeres y diversidades judiciales.
Esta Comisión, que funcionará como un ámbito colegiado, abordará no solo la política de género vinculada con los procesos judiciales y el ámbito institucional, sino también aquellas cuestiones que en esta materia se suscitan hacia el interior del Poder Judicial, como por ejemplo el abordaje de las denuncias por violencia de género en el ámbito laboral.
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Un proyecto propone designar con el nombre de “Ricardo Horacio Iorio” a la Ruta Provincial 76. La iniciativa se suma a una obra en marcha: se repavimentan 38 km del tramo en Coronel Suárez, con mejoras estructurales, iluminación y reparación de puentes.
Uno de los espacios que peleó por esta conquista y lo celebró fue la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que impulsa desde hace años la conformación de una Secretaría de Género que contenga las problemáticas de la Corte y la Procuración.
“Si bien la dependencia de la Suprema Corte no ocupa en el orden jerárquico el nivel de una secretaría y tiene carácter consultivo, constituye un avance muy importante para insertar la mirada de las y los trabajadores en materia de género y diversidad en el ámbito del Poder Judicial”, dijo Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
En ese plano, la gremialista especificó que “esta mirada es fundamental para avanzar en la conquista de derechos de mujeres y disidencias, como así también hacia la eliminación de la violencia y discriminación por motivos de género en el Poder Judicial”.
Por otro lado, también la Procuración General formalizó la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, a cargo del cuestionado Francisco Pont Verges.
El área tendrá como fin insertar la política de género en el rol que cumple el Ministerio Público en el fuero Penal, en la acusación contra los violentos y con competencias amplias.
En este punto, desde el gremio judicial cuestionaron que el nuevo organismo no involucra la capacitación, el área civil, el área de las asesorías, ni el ámbito laboral de las y los trabajadores del Ministerio Público.
“Desde lo formal la creación de la Subsecretaría puede constituir un paso adelante en el rol del Ministerio Público en materia penal. Sin embargo, genera serias dudas las posibilidades de avance dado que se encuentra bajo la dependencia de Pont Verges, funcionario que se encuentra cuestionado por la CPM por prácticas que no se corresponden con la defensa de los derechos humanos a partir del caso de Mónica Mego, mujer trans que quedó parapléjica dentro del contexto de encierro”, dijo Bertone.
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