La ANSES decidió dar de baja la jubilación de privilegio que percibía la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, tras la condena de segunda instancia en la Causa Vialidad. Hoy se oficializó.
“Se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner“, anunció el portavoz. Según contó, la ANSES tomó esa decisión “por orden del presidente de la Nación, Javier Milei“.
Según la Ley 24018, de Jubilaciones y Pensiones, la flamante presidenta del PJ recibía “asignaciones mensuales vitalicias” por haber sido jefa de Estado. Sin embargo, desde la administración libertaria marcaron que esta jubilación “se otorga como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”.
Desde Casa Rosada, Adorni marcó que Cristina fue declarada “autora del delito de administración fraudulenta por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”. “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las mas altas esferas del poder a millones de argentinos”, expresó el vocero.
Oficializaron el anuncio
Este viernes en el Boletín Oficial la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la Resolución 1092/24 firmada por su titular, Mariano de los Heros. Ahí se formalizó lo dicho por Adorni que ya entró en vigencia.
En una extensa argumentación, la norma cita la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que pesa contra Cristina. Según entienden, las asignaciones vitalicias serían “incompatibles para quien haya cometido un delito”.
Siguiendo esta línea, se explicó que la Ley 24.018 establece la jubilación para presidentes y vicepresidentes “en tanto no hayan sido removidos por mal desempeño en sus funciones a través del previo juicio político”.
Finalmente, recordaron que el Congreso de la Nación, con la Ley 26.475, “declaró extinguidos los beneficios otorgados a expresidentes del gobierno de facto de 1976-83, por considerarlos indignos de tal distinción al actuar contra el sistema democrático“.
