En medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno Nacional busca sacarse de encima la empresa estatal Aerolíneas Argentinas a como dé lugar. Primero, dijeron que iban a gerenciarla, después iniciaron la discusión en el Congreso de la Nación. Finalmente, lo resolvieron con un Decreto de Javier Milei.
Se trata del Decreto 873/24 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La breve norma declara “sujeta a privatización” a la empresa en cuestión en los términos de la Ley de Reforma del Estado (23696). En rigor, esta declaración es el paso previo a la privatización total o parcial o la liquidación de compañías y sociedades pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional.
De acuerdo a la Ley de Reforma del Estado esa declaración la debe debatir el Congreso de la Nación. Sin embargo, el gobierno libertario se amparó en el mega DNU 70/23 con el cual declaró la emergencia en varias áreas y en la Ley Bases.
Entre los argumentos, el presidente Milei sostuvo que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente.”
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Lo cierto es que Javier Milei tiene a la compañía aérea entre ceja y ceja desde que llegó a Casa Rosada. De hecho, cuando presentó su primera ley ómnibus era una de las 40 empresas estatales a privatizar. Posteriormente, en medio de las negociaciones por la Ley Bases quedó afuera de la lista final.
¿Y el Congreso?
Esa intención privatizadora había quedado en stand by hasta que la semana pasada escaló el conflicto con los gremios aeronáuticos. En ese contexto, el propio Adorni había confirmado el inicio de conversaciones “con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentina”.
Tras ese anuncio, el Congreso de la Nación comenzó a discutir un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. De hecho, la semana pasada fueron a las reuniones de comisión algunos funcionarios libertarios para defender la idea de la privatización. En esa jornada, el oficialismo no logró el apoyo necesario para firmar un dictamen exprés que les permitiera llevar la iniciativa al recinto.
Ante la posibilidad de que se dilate el debate, Milei finalmente decidió avanzar por decreto.
