Ni injuria, ni delito. Solo libertad de expresión. Así respondió el juez federal Daniel Rafecas a las denuncias penales que presentó el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. Los expedientes, que intentaban judicializar análisis y opiniones periodísticas, fueron archivados por “inexistencia de delito”.
La acusación contra Pagni nació tras una emisión del programa Odisea Argentina, en LN+, el 28 de abril. El periodista había trazado un análisis político sobre los liderazgos contemporáneos, en el que Milei creyó ver una insinuación de paralelismo con el ascenso de Adolf Hitler. Esa lectura fue suficiente para que el mandatario acudiera a la Justicia, una vez más, en una cruzada personal contra quienes ejercen el periodismo.
Sin embargo, Rafecas fue categórico. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, sostuvo en su resolución. En su análisis, aclaró que las afirmaciones de Pagni “forman parte del debate político” y que el ejercicio del periodismo incluye “la posibilidad de emitir críticas fuertes”. Es decir: lo que se intentó llevar al terreno penal no fue más que una opinión.
El caso de Lijalad siguió la misma lógica. La denuncia de Milei apuntaba a una columna publicada el 4 de mayo en El Destape, titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Rafecas también desestimó ese planteo por no encontrar ninguna figura penal en las expresiones del periodista. Una vez más, el intento de censura fue frenado por los límites que impone el Estado de Derecho.
El fallo hace eje en la protección de la libertad de prensa, y cita como referencia el caso “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se establece que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica para no dañar el debate democrático.
Pero además, Rafecas dejó un mensaje claro: perseguir penalmente opiniones periodísticas “podría lesionar la esencia misma de la democracia y el derecho a la información”. La advertencia no es menor, en un contexto en el que el Gobierno nacional insiste en estigmatizar, hostigar y hasta demandar judicialmente a periodistas críticos.
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