El desembolso del FMI por 5.400 millones de dólares que el gobierno de Cambiemos espera ansioso para poder hacer frente a sus obligaciones financieras, llegaría después de las elecciones del 27 de octubre. Ante semejante situación y en medio de una profunda tensión cambiaria, y el debate por la emergencia alimentaria, las autoridades buscan soluciones. Pero un lapidario informe llega del exterior.
A poco más de diez días de haberle bajado la nota a Argentina y varias provincias, la calificadora de riesgo Moody´s emitió un nuevo comunicado respecto a la situación económica financiera del país con proyección teniendo en cuenta la incógnita que supone el desembolso por parte del FMI que parece llegará post elecciones.
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“Si el FMI retuviera el próximo desembolso de u$s5.400 millones, anticipamos que probablemente se produciría una reacción severa del mercado. Cancelar ese desembolso podría desencadenar una reacción negativa, generar una inestabilidad macro y financiera significativa y comprometer aún más la débil posición crediticia de Argentina”, afirmó la Moody’s.
Sin embargo, la agencia no es del todo catastrófica, porque también supone que es improbable que el Fondo cancele ese pago. “Notamos que debido a que la administración de Macri ha cumplido consistentemente la meta fiscal (saldo primario) establecida bajo la SBA, Argentina puede tener cierta influencia para presionar al FMI para el desembolso”, dicen.
Además destaca que si bien los préstamos del FMI respaldaron las necesidades de financiamiento del país en 2018-19, los desembolsos más bajos del FMI, si continúan, significarán menos apoyo de liquidez durante el próximo año.
“La demora en el financiamiento del FMI y sus socios multilaterales probablemente pondría en peligro el pago de la deuda el próximo año y aumentaría las pérdidas de los inversores”, avisa la calificadora de riesgo, y calcula que los desembolsos del Fondo disminuirán a 5.900 millones de dólares en 2020, una cantidad que cubriría solo el 20% de las necesidades financieras del gobierno de aproximadamente 30.000 millones de dólares el próximo año, excluyendo los pagos de deuda a corto plazo.
El informe explica que “la fuga de los inversores del peso y bonos en dólares es un fuerte reflejo de su inquietud por el alto grado de incertidumbre política que se ha consolidado desde las PASO. Dada la alta incertidumbre que rodea el camino futuro de la política, nosotros creemos que la inquietud de los inversores probablemente persistirá mucho después de que la próxima administración tome el poder en diciembre, independientemente del resultado final de la elección presidencial”.
“La mayoría de los pagos en dólares hasta enero de 2020 son en forma de deuda a corto plazo. Sin embargo, estos pagos serán más bajos después del anuncio del gobierno de que pagará solo el 15% del capital al vencimiento de los inversores institucionales, retrasando el 25% del capital a los tres meses y el 60% restante del capital a los seis meses”, resume Moody’s.
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