Como cada año, la Coordinadora Contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI) presentó el informe final de los casos de gatillo fácil y violencia institucional que se registran desde la vuelta de la democracia, puntualizando esta vez en las muertes a manos del Estado durante los tres años del gobierno de Mauricio Macri.
Con presencia de organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas, el informe precisó que desde 1983 se dieron 5462 casos de personas asesinadas por las fuerzas de Seguridad o fallecidos en contextos de encierro.
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De ese total, 1003 se dieron desde que Cambiemos es gobierno, representando un 20 por ciento de todos los hechos y un equivalente a un caso cada 21 horas.
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El gobernador bonaerense recorrió obras educativas y ambientales junto al intendente Julio Marini. Criticó al Gobierno nacional por frenar proyectos clave y reafirmó la inversión provincial.
“El Gobierno de ceos representa la mayor experiencia represiva en nuestro país después de la dictadura cívico-militar“, expresó el abogado de Correpi Ismael Jalil en Plaza de Mayo durante la presentación de la organización.
Solo en 2018, 333 personas perdieron la vida en todo el país, por lo que se volvió a reclamar en contra de la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que habilita a las fuerzas a disparar por la espalda en contextos poco claros.
“En 2018, las muertes fueron impulsadas por el anuncio oficial de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que permite disparar en cualquier circunstancia“, aseguró así la abogada María del Carmen Verdú.
En estadísticas, el 46 por ciento del total de casos se dieron en cárceles y comisarias. El año pasado, un incendio que pudo ser apagado por la policía dejó el saldo de 10 muertos en una comisaría de Esteban Echeverría, que no estaba habilitada para alojar detenidos. Una copia exacta de lo ocurrido en la anterior “Masacre de Pergamino”, donde fallecieron otros siete jóvenes en un incendio.
Por su parte, desde la vuelta de la democracia se registran 200 casos de desapariciones forzadas, de las cuales en el 70 por ciento se dieron en jóvenes de entre 15 y 35 años.
Además, el informe también especifica 91 asesinatos de las fuerzas de seguridad en protestas sociales: cuatro de ellas durante el gobierno de Cambiemos, resaltando los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
“Se siente que el Poder Judicial es injusto y protege al Estado y no a las familias”, sostuvo Sergio Maldonado, junto a varias familias de jóvenes víctimas del gatillo fácil.
Con los –sangrientos- números en la mano, Correpi advirtió que el gobierno desea avanzar con más “mano dura” como uno de sus ejes de campaña, enfatizando la denominada “Doctrina Chocobar”, así su búsqueda de bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
A su vez, destacaron la militarización de las calles durante las protestas sociales, que crecen frente a un escenario de ajuste y crisis social.
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