El debate por la designación de jueces y fiscales que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal, continúa abierto. Porque mientras el oficialismo apura los trámites para designar a jueces y fiscales, y la oposición prefiere tratarlo luego de las elecciones, en el ojo de la tormenta aparece un nombre propuesto para un tribunal clave: Francisco Pont Vergés a la Cámara de Casación Penal provincial.
Sobre Pont Vergés, que es secretario de Política Criminal en la Procuración General bonaerense que está a cargo de Julio Conte Grand, pesan graves denuncias por violación a los Derechos Humanos, y como consecuencia, Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó hoy una acción judicial que obliga a la gobernadora Vidal a revisar la postulación y compromete su nombramiento en el Senado bonaerense. El juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 a cargo de María Ventura Martínez será el encargado de tratar la presentación.
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La demanda de AJUS argumenta que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador; que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano. El funcionario propuesto por Vidal y de extrema confianza de Conte Grand inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra Coriolano, quien investigaba al Servicio Penitenciario bonaerense por torturas y falta de asistencia médica a una mujer trans.
La Senadora de Unidad Ciudadana, Teresa García, en LADO P también destacó: “La resolución de la Corte donde le indica no tomar una sola decisión más en relación a ese caso por entender que había habido excesos por parte del funcionario. Además, la Corte también planteó estar, entre comillas, molesta con los excesos de intervención en la justicia”, y remarcó: “Pon Vergés es un funcionario de Conte Grand, el procurador de la Provincia y no es la primer cosa que sucede con Conte Grand en materia de excesos.”
Ahora, la demanda de AJUS tiene doble objetivo: reclamar a la Justicia devolver el pliego al Poder Ejecutivo para que la gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario número dos en la Procuración bonaerense, que conduce Julio Conte Grand. Y, en caso de que la gobernadora decida ratificar el pliego, solicita que la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.
Por otro lado, el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari; ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura. Y pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas.
En la demanda AJUS LPBE especifica que “la denuncia contra Pont Vergés ocurrió luego de que Vidal enviara su pliego al Senado. Por ello, los abogados de la Ong reclaman a la Justicia que el pliego retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento. Si la gobernadora optase por el último camino la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.”
El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación por mayoría simple de la Coalición Cambiemos y con la negativa del conjunto de la oposición podría avanzar en los próximos días.
Se trata de los pliegos aprobados a comienzos de septiembre por la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó correspondientes a 18 jueces, 17 fiscales y 7 defensores oficiales que designó el gobierno de Vidal para cubrir 42 cargos vacantes en el Poder Judicial.
Esa decisión generó el repudio inmediato de gran parte de la oposición, que le pidió al oficialismo que desistiera de sus intenciones y tuviera en cuenta los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El argumento del oficialismo se aferra al “hacer lo que hay que hacer”, es decir, “la institucionalidad”, como lo graficó Allan, quien además precisó que el proceso de designación se cursó con total normalidad y atendiendo a la legislación: concurso, aprobación del escrito y del oral, votación en el Consejo de la Magistratura, la elección de uno de los tres “finalistas” por parte del Poder Ejecutivo, y acuerdo de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Como no se logró la unanimidad, no se pudo tratar ese mismo día, pero ya tomaron estado parlamentario. La falta de consenso gira en torno al anclaje electoral en el que se discuten las designaciones tan trascendentes para la Justicia.
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