Los gremios que reúnen a estatales, judiciales y médicos bonaerenses cuestionaron el rescate a las clínicas privadas con fondos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) anunciado por el gobernador, Axel Kicillof. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), sentaron postura con un claro rechazo a la medida.
La semana pasada Kicillof anunció la puesta en marcha del programa de “sustentabilidad del sistema sanatorial bonaerense” y consiste en el desembolso de más de 400 millones de pesos por parte de IOMA para auxiliar a 190 clínicas privadas en medio de la pandemia por coronavirus y que debe ser devuelto en 12 cuotas sin interés. La medida consiste en un acuerdo con Fecliba y Aclife, pero contó con el rechazo de los gremios bonaerenses.
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En ese aspecto, desde ATE advirtieron que “nos pone en alerta a los y las estatales” y que si bien el sector privado de la salud “tiene que ser asistido por el Estado” con fondos de rentas generales, resulta “inaceptable” que sea con dinero “que nos pertenecen a trabajadores y trabajadoras” estatales.
“Planteamos nuestra preocupación por esta decisión unilateral del gobierno provincial, porque el IOMA se financia mes a mes con el aporte de los salarios de los estatales”, añadieron.
Entonces, consideraron que “consideramos que, como lo marca la Ley de IOMA, los recursos deben ser invertidos en la mejora integral del sistema prestacional de la obra social”, y expresaron que “es urgente avanzar en la implementación del impuesto a la riqueza, ya que allí están los recursos para asistir a todos los sectores que lo necesitan en esta pandemia”.
En tanto, desde la AJB manifestaron que “compartimos la necesidad de contribuir al funcionamiento de los prestadores privados en el marco de la emergencia sanitaria, y en particular el pago de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras”, pero resaltaron que “el camino elegido para la asistencia financiera al sector privado es equivocado”.
“Los recursos del IOMA no son del Estado, sino que conforman un patrimonio colectivo indiviso del cual las y los trabajadores estatales somos titulares, que financiamos con nuestros aportes. Por lo tanto, el necesario salvataje a clínicas y sanatorios privados debía realizarse con recursos públicos, ya sea del Estado provincial o a través de fondos nacionales”, detallaron.
A su vez, exigieron que se “obligue” a los sectores con mayores recursos a “realizar el aporte necesario para financiar las necesidades sociales más urgentes”, y sostuvieron que la medida “debió consensuarse con el conjunto de trabajadores y trabajadoras estatales a través del diálogo con sus organizaciones sindicales”.
“De haberse transitado ese camino, el desfinanciamiento de la obra social que implica el otorgamiento de préstamos multimillonario a tasa cero y sin un plazo cierto de devolución difícilmente hubiera sido aceptado”, relataron y pidieron “la revisión de la medida” junto a la “convocatoria al conjunto de gremios estatales para debatir responsablemente el modo en que debe reformularse la asistencia al sector privado de la salud”.
Por su parte, Cicop lanzó que “la medida implica una verdadera desviación de los recursos de IOMA para salvar a las empresas de la salud privada, estamento en donde impera un fuerte componente lucrativo y en las que los trabajadores son el eslabón más débil de una cadena que lejos suele estar de ser virtuosa”.
Por lo que señalaron que “si eventualmente hubiera una definición de proveer facilidades para un sector en dificultades, no debieran utilizarse los recursos de la obra social para ello” y que se tienen que destinar a “mejorar las coberturas”.
Asimismo, calificaron la decisión como “unilateral” y que “constituye un avance sobre nuestros derechos y de ninguna manera abona la idea de un sistema único tal como nosotros lo concebimos y reclamamos”.
Por último, la junta interna IOMA ATE aseguró que se trata de “una estafa a la que llaman integración del sistema público y privado. Nada más lejos, se trata de un verdadero vaciamiento de IOMA, a favor de los privados, con fondos que no son públicos, sino el aporte y esfuerzo de miles de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, que somos los que financiamos íntegramente la Obra Social provincial, con nuestros salarios”.
“Disponer de los fondos de IOMA para otra finalidad que no sea la de mejorar y aumentar las coberturas y prestaciones, que es un reclamo permanente de los más de 2 millones de afiliados que tienen nuestra obra social, se llama estafa y vaciamiento”, agregó.
Finalmente señalaron que “la verdadera unificación y centralización del sistema de salud significa declarar de utilidad pública y centralizar bajo la órbita estatal todos los recursos disponibles (públicos y privados), para que no falte una sola cama, ni respirador a quien no pueda pagarla o no tenga obra social o pre paga, para que no colapsen los hospitales públicos y para que el derecho a la salud no sea un negocio de unos pocos empresarios de la salud, sino un derecho para las mayorías trabajadoras y populares”.
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