La semana que pasó estuvo fuertemente marcada por la polémica que desató una propuesta del kirchnerismo que busca una mayor participación estatal en las empresas asistidas en el marco de la pandemia por el coronavirus.
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Casi de inmediato llegaron las críticas y se desató la polémica. P ero la balanza terminó por equilibrarse porque desde ese momento, la legisladora oficialista recibió un contundente apoyo de miembros del Gabinete Nacional, legisladores, dirigentes empresarios, abogados laboralistas, sindicatos, organizaciones sociales y de la Iglesia, intelectuales y periodistas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, fue uno de los primeros en manifestarse al evaluar como “interesante” la iniciativa ya que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”.
Desde el gabinete nacional también se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta: “Se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar”, señaló, y añadió que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”.
La iniciativa argentina se aferra a las medidas de salvataje que se instrumentaron antes y ahora en Estados Unidos y Europa, para rescatar a las empresas a cambio de una participación accionaria del Estado, en un contexto mundial en el que entró en crisis el modelo de globalización y la ayuda pública se consolida como la principal herramienta para mitigar el impacto de la pandemia en la actividad económica.
Según el FMI, este año el desplome de la actividad económica internacional será superior al 3%, el declive más pronunciado desde la Gran Depresión. Mientras que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) estimó que la mitad de las fuentes de trabajo del mundo se podrían perder por la pandemia. En este marco, Alemania, Francia, Italia se han propuesto comprar parte del paquete accionario de empresas estratégicas en riesgo de quiebra o de ser absorbidas por empresas extracomunitarias por su debilidad bursátil.
La propuesta pone como ejemplos las participaciones que el Estado argentino possee en Telecom Argentina S.A., EDENOR, Banco Macro S.A., Grupo Financiero Galicia S.A. y Molinos Río de La Plata. Como así también en el exterior, como Alemania en Volkswagen, Francia en Renault y Air France, Estados Unidos en Chrysler y General Motors, Italia en Finmeccanica, España en Hispasat y el Reino Unido en Lloyds Bank.
En este sentido, Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (AAB), se mostró satisfecho con la propuesta argentina al recordar que “son muchos los ejemplos de los países de Europa en los que el Estado sale a ayudar a empresas privadas de sectores estratégicos a cambio de la participación en la propiedad de la misma”.
La propuesta de la legisladora del Frente de Todos, incluye la iniciativa de “negarle ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. Y adelantó que presentará “un proyecto de ley” en ese sentido “que complemente los criterios ya establecidos”.
En el Congreso, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli recordó que “en Europa están analizando estas posibilidades” como “una manera de que el Estado recomponga, mantenga o salve empresas que frente a la crisis del coronavirus están cerca de la quiebra”. Afirmó que quienes “se asustan por esto tienen prejuicios ideológicos, y porque no están viendo la realidad de lo que ocurre en el mundo y en Argentina”. “Yo aspiro a que después de esta crisis económica mundial no volvamos a la dictadura financiera internacional en donde nos gobernaban los sistemas especulativos”, concluyó.
Por otro lado, en declaraciones radiales, el presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioja consideró que “a lo que está exponiendo Fernanda Vallejos hay que darle contenido, hay que avanzar en eso. Se está haciendo en todo el mundo”.
Mientras que el diputado, Presidente y fundador del Banco Credicoop, Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que la idea “la lanza una diputada y merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”. “¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”, expresó.
Desde ámbito gremial, acompañaron la iniciativa del kirchnerismo, el secretario General Adjunto del sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, el diputado y secretario General la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky el referente, Pablo Miceli, Daniel Catalano (ATE-Capital) y Carlos Quintriqueo (ATE y CTA-Neuquén).
Al respecto, Yasky afirmó que “los recursos del Estado son los recursos de todo nuestro pueblo y que, por lo tanto, un mecanismo para capitalizar parte de lo que reciben las grandes empresas para afrontar la crisis en concepto de compra de acciones, es un mecanismo que va a permitir reciclar esos fondos”
Asimismo, distintos dirigentes políticos se hicieron eco de la capitalización de empresas que reciban aportes económicos del Estado. Como es el caso del dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, quien dijo que la propuesta “no se trata de intervencionismo estatal” y planteó que “estamos hablando de la contraprestación de un préstamo tal como el mundo capitalista dice y le pide a la Argentina que cumpla sus obligaciones. ¿Por qué los empresas no deberían tener obligaciones?”.
Otros referentes políticos que mostraron públicamente su apoyo fueron Fernando “Pino” Solanas, representante argentino ante la UNESCO; Humberto Tumini, Presidente del Movimiento Libres del Sur y el diputado nacional, Marcelo Koenig.
En el mundo empresario, Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) le expresó su respaldo a la iniciativa y también se pronunció, en un programa de televisión, a favor de instaurar “un salario universal para todos los argentinos”.
Al respecto, el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla, señaló: “el motivo por el cual no me resulta algo incómodo la presdencia del Estado dentro de la actividad privada es porque hoy nos encontramos en la coyuntura de la subsistencia de muchos sectores dentro de la economía argentina”.
Por su parte, Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, formuló declaraciones públicas alentando la idea de “capitalización” de las grandes empresas.
“En este momento donde todo se está cayendo a pedazos, el Estado está pensando herramientas para que no se les caigan las grandes empresas y, en cascada, no se caigan las empresas chicas. Es un mecanismo que no está pensado para la normalidad”,
indicó.
En el ámbito de las pymes, dio su respaldo Leo Bilansky, por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Y, en otro orden, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA). Desde esta entidad se manifestaron “de acuerdo con la compra por parte del Estado de acciones de grandes empresas especialmente las estratégicas para el desarrollo del país por tratarse de una medida que bien implementada permitiría evitar la desnacionalización, el quiebre y la pérdida de puestos de trabajos”.
También se pronunció a favor de la iniciativa, el juez Juan Ramos Padilla, titular de la cámara del Tribunal Oral n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que el referente de la colectividad judía, Sergio Burstein.
Por su parte el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que “lo que planteó Fernanda Vallejos es algo absolutamente razonable que se discute en el mundo, no es una invención argentina o de Vallejos, porque el Estado está invirtiendo para salvar empresas que por ahí no pueden devolver inmediatamente ese crédito. Entonces, ¿por qué no lo pueden devolver con acciones o con una participación?”.
El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP), habitualmente cercanos a los fenómenos políticos y sociales debido a su cercanía con los sectores más vulnerables, se manifestó a través de los curas Francisco “Paco” Olveira y Eduardo de la Serna. Este último puntualizó que la propuesta “es razonable y justa”.
En el mismo sentido se expresaron las pymes agrupadas en la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) impulsando la alternativa de capitalización. “Empresarios pymes y trabajadores estamos haciendo enormes esfuerzos para sostener fuentes de trabajo en el marco de esta tremenda crisis. Deben terminarse los privilegios. No queremos más de lo mismo de usurpación y malversación del patrimonio público que tanto daño le ha hecho al país”, advirtió Juan Ciolli, vicepresidente del CEEN.
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