La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reunió hoy a jueces penales y camaristas bonaerenses para comenzar a abordar la “crisis humanitaria” que atraviesan decenas de miles de personas privadas de su libertad en cárceles, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Uno de los principales planteos que realizó el presidente del máximo tribunal, Eduardo Néstor de Lázzari, para reducir la tasa de prisionización que se elevó durante los últimos cuatro años niveles récord, fue el de ajustar los criterios restrictivos y excepciones del uso de la prisión preventiva.
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La preocupación de muchos jueces de la provincia sobre este tema es el impacto mediático que tienen ciertas decisiones en materia penal que si bien pueden estar ajustadas a derecho, podrían resultas impopulares al sentir punitivo que transmiten los medios de comunicación. En ese sentido, de Lázzari prometió respaldo institucional para los magistrados que sean víctimas del “linchamiento mediático”.
Estos movimientos de la Suprema Corte llegan luego de los anuncios que el gobierno de Axel Kicillof realizó tras asumir al frente de la Provincia. En medio de advertencias de distintos ámbitos de la Justicia y de organismos de derechos humanos, el Gobernador convocó a una mesa de diálogo para abordar la problemática, que realizó su primera reunión el 19 de diciembre. Tras ello, de Lázzari convocó a los jueces penales de todos los departamentos judiciales para realizar aportes desde el Poder Judicial.
El encuentro fue encabezado por los integrantes de la Suprema Corte Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Sergio Torres y su titular, de Lázzari, quien calificó a la situación de hacinamiento en las cárceles provinciales como “insostenible”.
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