El expresidente Mauricio Macri fue citado este viernes a declaración indagatoria en el marco de la investigación por espionaje ilegal contra los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.
El juez federal ubrogante de Dolores, Martín Bava, citó al ex presidente para el próximo 7 de octubre a las 11hs, y le declaró la prohibición de salida del país.
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“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, señaló el juez Bava en su fallo de 166 carillas.
Sin embargo, Mauricio Macri se encuentra en Miami, y su abogado defensor Pablo Lanusse manifestó que “habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia”, aunque señaló “la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa”. “En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”, agregó el defensor en en tuit.
En ese sentido, sostuvo que “sin perjuicio de ello, Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa”. “Como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”, afirmó Lanusse en su posteo.
A su vez, el juez subrogante procesó además sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a su exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata.
En su resolución, el juez sostuvo que el espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”.
“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.
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