Respecto de la ley anti-motochorro es una iniciativa que obliga a los motociclistas a usar casco con identificación en algunas zonas delimitadas, tal como sucede en CABA, pero en este caso será a partir de la participación de los municipios de las grandes ciudades de la provincia.
El proyecto fue presentado en abril del año pasado por el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados Matías Ranzini y Carolina Píparo, ambos del bloque oficialista.
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El punto más destacado de la normativa impulsada, que aún tiene que ser avaluada y considerada formalmente por el Senado, que generó cierta polémica, es el que obliga a motociclistas a usar casco con identificación en algunas zonas delimitadas y suma a los acompañantes un chaleco. Esos sectores, en los que también podría prohibirse el doble acompañante, serán consensuados entre los municipios y la cartera de Seguridad.
La ley Micaela estipula, en el orden nacional y tras la adhesión será aplicable en la provincial, la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
La ley que de ser aprobada por los diputados será girada el Senado para proseguir su trámite parlamentario, responde en cierta medida a la idea esbozada por la gobernadora María Eugenia Vidal la semana pasada en la Asamblea Legislativa, sobre la necesidad de contar con un protocolo en el sector público sobre Género y Violencia contra las Mujeres.
El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del estado en materia de género, según se dijo en su oportunidad.
El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardín contra Juan Darthes, fue otra de las variantes que empujó el proyecto, que se había presentado en 2017 y contaba con dictamen de comisión hacía meses.
Por lo tanto, la ley implica formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos descentralizados.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Por último, cabe consignar que el proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.
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