El veto presidencial a la ley que contemplaba un aumento del 7,2% en los haberes y la actualización del bono jubilatorio a 110 mil pesos dejó en evidencia una realidad contundente: el recorte más fuerte se concentra en la Provincia de Buenos Aires.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que, a nivel nacional, la decisión de Javier Milei implica una pérdida de 468 mil millones de pesos por mes para el conjunto de los jubilados, cifra que alcanza 5,6 billones de pesos en los próximos doce meses. Sin embargo, la radiografía por jurisdicciones revela que casi la mitad de ese ajuste recaerá sobre los beneficiarios bonaerenses.
En la provincia residen 2,36 millones de jubilados y jubiladas, lo que equivale a casi cuatro de cada diez del país. La pérdida acumulada por el veto para este universo asciende a 2,17 billones de pesos en un año, con un impacto mensual de más de 181 mil millones de pesos. La magnitud del recorte coloca a Buenos Aires en un lugar central: lo que dejan de percibir sus jubilados equivale por sí solo a casi cinco veces lo que perderán los beneficiarios de Santa Fe y cuatro veces lo que dejarán de cobrar los cordobeses.
Más allá de la estadística, estas cifras hablan de un golpe concreto sobre el bolsillo de los adultos mayores en el territorio más poblado del país. El veto presidencial no solo detuvo la recomposición pendiente por la inflación de enero de 2024, sino que frenó la posibilidad de que el bono —un parche que buscaba compensar la pérdida frente a la suba de precios— se actualizara para no licuarse en pocos meses. En el caso bonaerense, la no aplicación de estas medidas implica que cientos de miles de jubilados seguirán con ingresos muy por debajo de la canasta básica de la tercera edad, que ya supera con holgura los 600 mil pesos mensuales.
El ajuste se siente en el territorio bonaerense
El impacto no se mide solo en términos individuales. La provincia concentra la mayor red de comercios de cercanía, farmacias, almacenes y pequeños proveedores del país, muchos de los cuales dependen directamente del consumo de jubilados que destinan buena parte de sus ingresos a alimentos y medicamentos. La pérdida de 181 mil millones de pesos por mes en capacidad de compra significa un achique drástico para esas economías locales, especialmente en distritos del interior bonaerense donde la población envejecida tiene un peso mayor sobre la estructura social.
A esto se suma que Buenos Aires ya arrastra desigualdades históricas en infraestructura, servicios y empleo. El retiro de recursos que estaban destinados a jubilados acentúa esas brechas: mientras en el Área Metropolitana los adultos mayores cuentan con más acceso a redes de salud y asistencia, en muchos municipios del interior el único ingreso estable de los hogares proviene de una jubilación mínima. El recorte, en ese sentido, no solo impacta en quienes cobran, sino también en sus familias y entornos.
El contraste con otras provincias refuerza esta lectura. Córdoba, con poco más de medio millón de jubilados, perderá 482 mil millones en un año; Santa Fe, con 487 mil beneficiarios, dejará de percibir 448 mil millones. La provincia de Buenos Aires, en cambio, absorbe sola más de un tercio de la pérdida total nacional. Esa concentración del ajuste no es un dato menor en términos políticos: cualquier movimiento sobre el sistema previsional repercute de manera desproporcionada en el distrito que define buena parte del mapa electoral argentino.
En el plano nacional, el CEPA advierte que el veto significa una transferencia regresiva de ingresos: se le quita poder de compra a uno de los sectores más vulnerables de la población, con un efecto contractivo sobre el mercado interno. Si a esto se le suma el congelamiento del bono, el panorama se vuelve aún más crítico porque la inflación proyectada para los próximos meses licuará lo poco que se mantiene en pie.
La provincia de Buenos Aires, entonces, se convierte en el epicentro del ajuste previsional. El gobierno nacional puede presentar la decisión como una forma de “orden fiscal”, pero los números muestran que detrás del discurso se esconde una poda que pega sobre millones de jubilados bonaerenses y que compromete, además, la vitalidad de la economía provincial. La pérdida de 2,17 billones de pesos en un año no es solo una cifra contable: es menos consumo, menos actividad y más dificultades para atravesar la vida cotidiana en el territorio donde más argentinos dependen de una jubilación para sostenerse.
