Después de un año marcado por la parálisis y los pases de factura internos, el Senado vuelve a sesionar. La Cámara Alta que conduce Verónica Magario convocó a lo que será apenas su quinta sesión ordinaria de 2026, en una carrera contrarreloj antes de que el reloj marque el fin de noviembre y la atención sea fagocitada por las extraordinarias y el Presupuesto 2027. En este escenario de cierre, Axel Kicillof se prepara para recibir una alegría a medias: logrará salvar una parte de su paquete sanitario, pero la otra quedará atrapada en el barro de la interna peronista.
EL PREMIO CONSUELO: LUZ VERDE AL LABORATORIO ESTATAL
El plato fuerte de la jornada, y la principal victoria que podrá exhibir el oficialismo, será la media sanción al proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Tras limar asperezas y asegurarse los votos de los 24 senadores propios que le dan mayoría automática al bloque de Fuerza Patria, el Ejecutivo logrará destrabar esta iniciativa que ya había fracasado en intentos anteriores.
La letra chica del proyecto establece la creación de una sociedad anónima donde el Estado provincial se reserva el control absoluto con el 99% del capital social. El objetivo de Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, es que esta empresa estatal investigue, produzca y distribuya medicamentos, vacunas e insumos médicos. La jugada apunta a priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales para esquivar los sobreprecios de los laboratorios privados y bajar drásticamente los costos del sistema público.
FUEGO AMIGO Y REBELIÓN: EL FRENO AL SIPBA
Pero en la rosca legislativa nadie te regala todo. Mientras el laboratorio avanza, la otra gran obsesión de Kreplak, la creación del Sistema Integrado de Salud (SIPBA), fue enviada al freezer por el propio peronismo. La orden fue bajar el proyecto del temario y mandarlo a la comisión de Presupuesto, un territorio hostil controlado por la massista Valeria Arata.
El freno de mano fue accionado por el Frente Renovador, con figuras de peso como Malena Galmarini y el kirchnerista Sergio Berni marcando los errores del texto. Actuando como voceros de los intendentes, los legisladores aliados se plantaron ante un punto que consideran innegociable: la trampa salarial. El artículo 43 del proyecto de Kicillof obliga a las comunas a “armonizar” (equiparar) los sueldos de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. ¿El problema? La ley transfiere la obligación, pero no dice quién va a poner la plata para financiar esa brutal diferencia presupuestaria.
Para los barones del conurbano y los intendentes del interior, esto representa un avasallamiento directo a su autonomía. A esto le suman la queja por un fondo de “recupero de costos” que administrará la Provincia y que, denuncian, discriminará en el reparto de fondos a los municipios que decidan no adherir al nuevo sistema. Con ese panorama, el SIPBA tendrá que esperar.
Además, los jefes comunales esperan que se convierta en Ley el cambio de forma para cobrar la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal que diputado ya aprobó que se cobre 100% de libre disponibilidad. El Senado tiene como materia pendiente la otra media sanción y la designación de senadores para la bicameral de seguimiento, que desde principio de año no conforma a pesar de que Diputados tiene a sus participantes.
LA “LEY RAPPI” PIDE PISTA
Mientras la salud acapara los flashes, el oficialismo también busca meter por la ventana de la sesión un proyecto que promete levantar polvareda: la regulación de las aplicaciones de delivery y transporte, conocida en los pasillos como la “Ley Rappi”.
La iniciativa, que el kicillofismo apura de forma exprés en las comisiones de Trabajo y Legislación General, busca darle un marco normativo a los operarios de plataformas como Uber, Cabify, PedidosYa y la propia Rappi. Lejos de la rigidez de proyectos anteriores que fracasaron, este texto busca transparentar el vínculo laboral: obliga a las multinacionales a informar la cantidad de trabajadores activos, blanquear su situación contractual y contratar seguros de accidentes personales.
Además, incorpora un histórico reclamo del sector en las calles: exige el financiamiento para la instalación de paradores públicos, espacios destinados a garantizar el descanso, la recarga de dispositivos y el aseo de los repartidores durante sus extenuantes jornadas en el territorio bonaerense.
