Bariloche, Guernica, Entre Ríos… y ahora también Olavarría. Las tomas de tierras son, además de la pandemia de coronavirus Covid-19, la problemática central que enfrentan los gobiernos nacional y provincial.
Mientras la administración de Alberto Fernández y Axel Kicillof intentan ocuparse de la problemática, y concretar soluciones para que no se desborde por izquierda ni por derecha, desde el PRO remarcan la grieta y focalizan en un dirigente cercano a Cristina Kirchner: Juan Grabois.
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El dirigente de Patria Grande mantiene un conflicto abierto contra los hermanos Etchevehere, por el que hoy se realiza un tractorazo en Entre Ríos. Además, el diputado nacional y ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, lo acusó de coordinar la ocupación de la Municipalidad de Olavarría.
“Los sectores que quisieron ingresar estaban vinculados a sectores de Grabois”, dijo Ritondo anoche en TN, y le pidió a Kicillof que “garantice el orden público”. El núcleo de intendentes PRO también se cerró alrededor de Galli, le manifestaron su apoyo y repudiaron la toma del edificio municipal por parte de un grupo de vecinos.
El acampe se mantiene por parte de la Mesa de Emergencia Olavarría, que integra el CPS 29 de Mayo, organización que es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que fundó Grabois. Le reclaman al intendente Galli lo mismo que en Guernica le reclaman a Larroque y Kicillof: Tierra para vivir. “La misma agrupación intentó lo mismo en Junín (también gobernada por JxC) con la misma metodología”, señaló el intendente Galli en Radio Continental, aunque dijo que no podía asegurar que Grabois esté detrás de los hechos.
En Junín, militantes de la Cooperativa de reciclaje Las Marías, englobados a nivel nacional por la CTEP, movilizaron frente a la municipalidad y hoy desde las 14:00 iban a ser recibidos por el intendente Pablo Petrecca, también de Juntos por el Cambio.
Grabois, que es muy cercano al diputado Máximo Kirchner, fue uno de los dirigentes que más hincapié hizo en el déficit habitacional, y en la defensa de la toma de tierras para el impulso de la economía popular. “Nos sobra tierra para ofrecerle a cada familia una pequeña chacra o un lote para que pueda escribir su propia historia”, escribió en mayo, en el marco de un Plan Quinquenal donde explayó su idea para reactivar la economía del país.
En ese contexto, Grabois mantiene un enfrentamiento abierto con el ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Etchevehere, a través de su hermana Dolores, que le donó el 40% de la estancia familiar Etchevehere al Proyecto Artigas, que envió a militantes del MTE a ocupar la Estancia Casa Nueva para comenzar un proyecto agroecológico. El ex presidente de la Sociedad Rural, por su parte, denunció que las tierras no le pertenecen a Dolores, y llamó a un tractorazo del sector agropecuario, hasta la estancia que pertenecía a su familia.
En agosto, cuando las tomas de tierras comenzaban a aparecer en la agenda política nacional, las declaraciones de Grabois cayeron mal en el Gobierno de Alberto Fernández. “¿Por qué en lugar de empujar a que la gente tome la tierra no podemos organizar lotes con servicios? En todos lados hay tomas y se van a profundizar. ¿No es más inteligente lotear la tierra, ponerle luz y agua y decirle a las familias que lo paguen a 20 años? Hay que tener decisión política y capacidad de planificar”, sostuvo. Rápidamente, la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, salió a despegarse de las declaraciones y señalar que la intención del Gobierno iba por otro lado. Pero en esa orientación fue la respuesta de Kicillof a las tomas en Buenos Aires.
Dos meses después, y luego de importantes anuncios del Gobierno Nacional con el Plan Nacional de Suelo Urbano y la reactivación de los créditos PROCREAR; y también tras los anuncios del Gobierno Provincial, con el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat y la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, la problemática se mantiene.
El acuerdo para un desalojo pacífico de la toma en Guernica, sería un logro para Kicillof -quien trató el tema de forma directa a través de Andrés Larroque-, se dilata, y el PRO aprovecha. El jueves pasado, cuando se amagó un posible acuerdo definitivo, una comitiva de Juntos Por el Cambio, encabezada por Cristian Ritondo se hizo presente en Guernica y pidió al gobierno bonaerense que avance con el desalojo.
“La demora del desalojo en Guernica es una radiografía de lo que hoy prevalece en la administración provincial, patear todo para adelante. Lo que pasa en Guernica es una mala señal al conjunto de la sociedad. El estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra”, sostuvo Ritondo.
En la misma línea, la titular del PRO, Patricia Bullrich, se hizo eco de la toma de tierras en El Foyel, Bariloche. “La realidad de la familia Soriani es la misma que sufren tantas otras en todo el país. Víctimas por la inseguridad que generan las usurpaciones de tierras. El Gobierno debe dar respuestas claras y pronto”, manifestó. También Ritondo replicó el hecho, y lo reforzó con el episodio que sufrió la gobernadora, Arabela Carreras. Aunque Ritondo y Bullrich englobaron el reclamo Mapuche dentro de la problemática por la toma de tierras en el país, responde a un conflicto histórico, de muy larga data.
De esa forma, el núcleo duro del PRO encabezado por Bullrich y Ritondo, busca el desgaste del Gobierno nacional y provincial, que todavía no pudieron resolver la toma de tierras en el contexto de la pandemia, y le achacan la relación con Juan Grabois, el coordinador de algunos de los movimientos populares que aparecen como factor común en varias tomas.
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