Tras la difusión del video en el que se expone la mesa judicial llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires para perseguir a opositores políticos, el Frente de Todos presentó este martes la hoja de ruta con la que buscan destituir al Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand.
En conferencia de prensa, los diputados oficialistas César Valicenti, Rubén Eslaiman y Susana González describieron qué pasos llevarán a cabo para alcanzar el juicio político contra Conte Grand, de quien comprenden que su “accionar es incompatible con la autonomía e independencia que exige el desempeño del Ministerio Público”.
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En esa dirección, el diputado provincial Eslaiman indicó que pedirán oficios a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “no sólo por las filmaciones de la mesa judicial sino también por los teléfonos encriptados”.
Se trata de teléfonos que debieran ser utilizados solo por la central de inteligencia, y que el propio presidente Alberto Fernández informó que al comienzo de su gestión encontraron más de 100 teléfonos utilizados por ex funcionarios políticos, judiciales y socios comerciales de Cambiemos, entre ellos el propio Julio Conte Grand.
A su vez, con el objetivo de exponer la estrategia de la mesa judicial bonaerense y el rol del procurador en la misma, Eslaiman también anunció que citarán a prestar declaración a diferentes dirigentes políticos, gremiales, funcionarios, ex funcionarios como los siguientes:
- Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora;
- Enrique Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora;
- Los gremialistas Pablo y Hugo Moyano;
- Natalia Rousilion, directora de la Alcadía N°3 de La Plata, donde se realizaron tareas de espionaje ilegal;
- Cristina Caamaño, interventora de la AFI;
- Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria;
- Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal;
- Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo;
- Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense;
- El intendente de La Plata, Julio Garro;
- El ex director de Asuntos Jurídico de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano;
- Juan Pablo Allan, senador bonaerense.
Además, indicaron que de acuerdo al avance de la causa, podrían citar a más personas a dar testimonio en la comisión de la Legislatura.
“Hoy decimos basta. No queremos más espionaje, no queremos más escuchas, no queremos que se persiga ni que se espíe a ningún ciudadano de la provincia de Buenos Aires sea quien sea, estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestro país y fundamentalmente en nuestras provincias”, concluyó Rubén Eslaiman.
¿Cómo se llevaría a cabo el juicio político?
Los juicios políticos requieren del apoyo de las fuerzas políticas para poder llevarse adelante, y por ello se suele decir de modo intencional que valen más los votos que las pruebas.
En este caso, el Frente de Todos no tiene los votos necesarios para llevarlo a cabo por sí solo, y requiere que algún sector de la oposición se sume por lo menos a dar quórum en el Senado bonaerense.
En esa dirección, el diputado Valicenti dijo que apelarán a “la vocación democrática del funcionamiento transparente de las instituciones de todos los legisladores”.
Y expresó: “Sabemos que muchos están de acuerdo con este concepto, quieren transparencia y autonomía de poderes. Si son coherentes con esa palabra deberían acompañar, porque es un proceso de investigación donde se verá si está involucrado o no en esta denuncia que estamos haciendo como bloque”.
Respecto a la cuestión procedimental, los diputados explicaron que la nota solicitando el juicio político tiene que ser sometida a una sesión, donde se podrá dar la posibilidad de que prospere o no.
Luego, una comisión de 5 miembros verificará todo el material recabado, para más tarde presentarlo de modo formal en la acusación ante el Senado, el cual se encargaría de llevar a cabo el juicio de mérito sobre el juicio político al procurador, y decida o no su apartamiento preventivo.
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