De “operador vip” de la mesa judicial de Mauricio Macri a “perseguido político” que pide asilo en Uruguay, a donde se mudó en diciembre del año pasado. Esa es la trayectoria que traza Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín” y alfil del Lawfare que marcó los destinos de la política argentina en la última década.
El ex asesor presidencial acaba de presentar un pedido formal para que Uruguay le permita quedarse en el país y no concurrir a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se investiga precisamente cuál era su rol en el Gobierno.
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La Justicia considera que hay indicios de que participaba en una “asociación ilícita” destinada a presionar sobre empresarios y medios de comunicación para torcer líneas editoriales de medios y volverlas afines a la administración macrista, más precisamente el grupo C5N de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Por eso la jueza federal María Servini de Cubría lo llamó a indagatoria: para que se defienda. Sin embargo, Rodríguez Simón considera que la situación es distinta y que corre peligro.
“Solicité asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro”, le confesó a sus allegados, mediante una nota que rápidamente se hizo viral.
“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, agregó.
“Pepín” apuntó contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa como presuntos autores de la persecución en su contra. Y todo porque, dijo, participó “como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los concesionarios del juego en este distrito (el Hipódromo y los dos barcos casino) pagaran el impuesto a los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003”.
El exfuncionario macrista estaba citado a declarar la semana próxima, pero su audiencia se reprogramó para el 17 de junio. Uruguay tiene 90 días para resolver su situación. Si no comparece, la Argentina podría reclamar al país vecino su extradición. Incluso podría ser declarado prófugo de la Justicia.
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