Uno de los problemas estructurales del sector frigorífico argentino es su alto nivel de informalidad, que se traduce en faenas por debajo de los pesos mínimos establecidos, evasión tributaria y personal que desempeña sus tareas en condiciones irregulares.
En este escenario, el Gobierno nacional apunta a revertir esta situación, y durante 2017 se constituyó la Mesa de Ganados y Carnes, en donde representantes de esta cadena de valor se reunieron con el presidente Mauricio Macri y el gabinete del ministerio de Agroindustria.
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Estas medidas tendrán un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, que concentra más de la mitad de los frigoríficos a nivel nacional, como así también del total de bovinos faenados.
Como resultado de estas reuniones, se establecieron varios puntos entre los que se destacan la implementación de las denominadas “cajas negras” en los frigoríficos y el depósito de garantías por parte de estos establecimientos.
Las cajas negras es como se denomina a los Controladores Electrónicos de Faena (CEF), que desde el próximo 1° de marzo serán de uso obligatorio en los casi 400 frigoríficos que se encuentran operativos en todo el país. Estos dispositivos registran online la faena en cada planta frigorífica, y recaban información sobre peso, hora de faena y posición exacta de cada res en la línea de producción, identificando además origen y destino de esta mercadería.
Estos controladores serán suministrados por tres empresas, y tienen un costo de 14.500 dólares, que incluye instalación, puesta a punto y garantía por un año. Hasta el momento se encuentran a prueba algunos prototipos, y exhiben buenos resultados en los ensayos.
El otro tema clave que las autoridades están apurando es el pago de garantías, que consiste en un depósito que los frigoríficos deberán efectuar en el Banco Nación, en concepto de garantías por pagos del IVA, contribuciones de la seguridad social y futuras multas.
Esta medida fue anunciada en marzo de 2017, por la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objetivo es habilitar para faena bovina a aquellas plantas que con antelación efectúen el depósito de anticipo de IVA por cada cabeza faenada.
Según la normativa, aquellos frigoríficos que faenaban menos de 3.000 animales no debían efectuar este depósito. Con las nuevas directivas oficiales, que estipulan que para el 1° de febrero los depósitos correspondientes a 2017 deberán estar acreditados, varios establecimientos con pocas operaciones empezaron a pedir excepciones.
Para clarificar esta situación, el ministerio de Agroindustria publicó la Resolución 7-E/2018, que suprime este piso mínimo de faena. A partir de ahora, cada frigorífico deberá depositar una garantía equivalente a su faena real promedio. De esta manera, los titulares de establecimientos pagarán 100 pesos por animal faenado en el promedio mensual de 2017, y los usuarios de plantas o matarifes 300 pesos.
Con estas cifras, esperan recaudar un mínimo de 300 millones de pesos, teniendo en cuenta que durante 2017 se faenaron un millón de cabezas mensuales. En una primera fase, estos depósitos se podrán efectuar con dinero en efectivo, títulos públicos u otro tipo de valores. En una segunda etapa, se analiza el uso de contratos de compraventa de hacienda en los mercados de futuro.
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