El Gobierno Nacional legalizó la venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en todo el país. La medida se oficializó a través de la Resolución 549/2026 y deroga la prohibición que estaba vigente desde 2011.
Desde ahora, estos productos podrán importarse y comercializarse de forma legal, bajo un nuevo esquema de control que el Estado llama “regulación integral”.
La justificación oficial es que la prohibición total no funcionó. Durante 15 años, el mercado informal creció sin parar, el contrabando se multiplicó y los kioscos, ferias y redes sociales se llenaron de productos sin ningún tipo de control sanitario.
El Estado decide entonces cambiar de estrategia… si no se puede eliminar, al menos que se pueda controlar y cobrar impuestos.
¿Qué cambia concretamente?
La nueva normativa crea el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), una base de datos obligatoria para fabricantes e importadores. Todos los productos deberán tener trazabilidad, cumplir con estándares de calidad e informar detalladamente su composición.
Además, se prohíben los saborizantes en los vapeadores, esos gustos a frutilla, chicle o menta que hacen que vapear parezca comer un caramelo y que son, según los especialistas, el principal gancho para captar adolescentes (sobre este detalle parece no importar demasiado el tráfico “ilegal” de estas sustancias aromáticas).
También habrá límites en la concentración de nicotina y herramientas para fiscalizar y sancionar a quienes no cumplan. Algo que, hasta ahora, directamente no existía bajo la órbita de regulación estatal (pero también se venden por todos lados).
Uno de cada tres estudiantes secundarios ya vapea
El número que el Gobierno usó para justificar este cambio es, al mismo tiempo, el más alarmante de todo el debate: el 35,5% de los estudiantes de secundaria ya consume estos dispositivos. Según afirman es lo que está pasando ahora mismo en los recreos, en los baños de los colegios y en las esquinas de cualquier ciudad del país.
Y la tendencia no para. Según un estudio de FIC Argentina (2023), el 8,9% de los adolescentes de entre 13 y 18 años consume actualmente cigarrillos electrónicos, una cifra que ya supera la registrada en 2018.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 38,7% de los jóvenes probó al menos algún producto de tabaco o nicotina.
Qué dicen los cardiólogos, y por qué hay que escucharlos
La comunidad médica a través de un informe titulado “Productos emergentes y daño a la salud: situación en Argentina y recomendaciones”, elaborado en 2025 por múltiples sociedades científicas, concluye que no existe evidencia científica independiente que respalde que los cigarrillos electrónicos o los productos de tabaco calentado sean seguros.
El documento va aún más lejos, porque afirma que su uso se asocia con enfermedades cardiovasculares graves, accidentes cerebrovasculares y trastornos metabólicos, riesgos comparables a los de los cigarrillos tradicionales.
Revisiones y metaanálisis recientes también muestran asociaciones entre el uso de estos dispositivos y episodios respiratorios como neumonía y bronquitis, además de otros daños sistémicos.
A esto se suma el efecto específico sobre el cerebro en desarrollo de los jóvenes: la nicotina interfiere directamente en su maduración neurológica.
Por lo tanto no hay dosis segura para un adolescente. No importa si el vapeador tiene sabor o no, ni si es legal o no.
Ocho años sin datos actualizados
Acá está la parte que menos se habla y que más debería preocupar. El Estado está tomando una decisión de enorme impacto sanitario basándose en datos de… 2018.
Tanto la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo como la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes llevan ocho años sin actualizarse. No hay un relevamiento epidemiológico público reciente que permita saber con precisión cuánto daño ya existe.
Regular un mercado sin datos actualizados no parece ser política sanitaria, sino más bien es navegar a ciegas.
¿Quién gana y quién pierde?
Ganan: la industria tabacalera, que lleva años buscando la puerta legal para sus líneas de “nuevos productos”; los importadores que operaban en negro y ahora pueden blanquear; y el Estado, que recauda.
Pierden: los adolescentes que ya están enganchados y los que van a engancharse. Y el sistema de salud pública, que dentro de unos años va a tener que atender las consecuencias.
La prohibición de saborizantes es una medida concreta y a pesar de parecer bienvenida también será eludida por quienes fabrican de modo casero estos líquidos para vapear. Además llega tarde, con datos viejos y sin una política de prevención que esté a la altura del problema.
