En un episodio más que profundiza la tensión entre el gobierno de Javier Milei y la prensa crítica, la periodista Melisa Molina, acreditada en Casa Rosada y cronista del diario Página/12, fue expulsada del evento “Derecha Fest”, celebrado en Córdoba, sin que mediara causa ni explicación formal más allá de su pertenencia a un medio no afín al oficialismo.
Este hecho, que bien podría parecer anecdótico o menor, encarna en sí mismo una señal alarmante: la consolidación de un régimen que utiliza el “derecho de admisión” como herramienta para cercenar la libertad de expresión.
LE TIRARON BILLETES COMO DEVOLUCIÓN DE LA ENTRADA
Molina había comprado su entrada como cualquier asistente, ingresó de manera regular al Hotel Quorum, donde se desarrollaba la convención de ideología ultraconservadora y libertaria.
Pasó los controles, le revisaron la mochila, y presenció varias conferencias, entre ellas la del asesor de Donald Trump, Alex Bruesewitz, y la del dueño del portal La Derecha Diario.
No se identificó como periodista ni había publicado cobertura alguna hasta ese momento. Sin embargo, fue retirada del evento en plena cobertura, no por su comportamiento ni por incumplir alguna norma del encuentro, sino simplemente porque trabaja para Página/12, un medio que no les cae en gracia a los organizadores gubernamentales del evento.
Según su relato, fue abordada por personal de la Casa Militar —que la reconoció por su labor periodística en la Casa de Gobierno— y le comunicaron que “desde Buenos Aires” no querían que ese medio estuviera presente en el lugar.
En otras palabras, una orden directa, centralizada y con claros tintes políticos. No fue una decisión de los organizadores locales del evento ni una situación de seguridad: fue un acto de censura ejecutado con recursos del Estado.
Pero lo más inquietante fue el procedimiento: Molina fue escoltada fuera del salón, llevada por un supuesto “contratado” a un terreno baldío contiguo, donde se le prometió el simple trámite de colocarle una pulsera de prensa.
Allí le preguntaron su nombre, cómo había llegado al evento, y sin mediar explicación, intentaron devolverle el dinero de la entrada —dos billetes de 20 mil pesos— como si el derecho a la información fuera una transacción comercial.
Al negarse a aceptar el dinero, fue encerrada detrás de unas rejas, sin posibilidad de salir ni de volver a entrar, bajo la custodia de personal de seguridad privada y de la Casa Militar.
MILEI VIAJÓ EN AVIÓN OFICIAL
La escena es ilustrativa del modelo de poder que impulsa el oficialismo: el uso del aparato estatal no para garantizar derechos, sino para restringirlos, incluso en espacios teóricamente privados.
El Gobierno comenzó a usar el “evento privado” como escudo legal para evitar el acceso de la prensa crítica, una estrategia que va en línea con las agresiones constantes del presidente a periodistas, medios y trabajadores de prensa.
En este caso, la falta de transmisión en vivo de lo que allí decía Javier Milei deja claro que el evento, aunque cerrado al público masivo, tenía valor institucional y comunicacional: se trataba de una intervención política del Presidente de la Nación, que fue vedada al ojo público crítico, pero pagada con el dinero de los contribuyentes.
Este episodio no es aislado. Se suma a otras decisiones preocupantes del oficialismo: el desmantelamiento de Télam, los despidos en medios públicos, la cancelación de pauta oficial discriminatoria, y el permanente hostigamiento en redes sociales contra comunicadores que no adhieren a la línea libertaria.
Bajo la fachada de una cruzada contra “los medios corruptos”, Milei avanza sobre los cimientos de la libertad de prensa en Argentina.
Lo sucedido en Córdoba instala una pregunta urgente: ¿puede un gobierno que selecciona quién puede informar, que silencia a los medios disidentes, y que utiliza fuerzas de seguridad para restringir el acceso a actos semi oficiales, seguir siendo calificado como una democracia plena?
La respuesta es cada vez más clara, y más preocupante.
