Luego de la intervención de la Justicia federal y de las advertencias realizadas por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad, el Gobierno nacional informó que reforzará el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para asegurar su continuidad operativa. La decisión implica un giro respecto de la situación denunciada semanas atrás por las autoridades del organismo y por Abuelas de Plaza de Mayo, que habían alertado sobre un fuerte desfinanciamiento.
La presentación fue realizada ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien días atrás había dictado una medida cautelar ordenando al Ejecutivo adoptar “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo encargado de realizar los análisis genéticos vinculados a la identificación de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La crisis se hizo pública el pasado 8 de mayo, cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó que el organismo ya no podría continuar tomando muestras biológicas, una tarea clave para avanzar en investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. A partir de esa situación, intervino la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), encabezada por el fiscal Pablo Parenti, junto a la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira.
La disputa por el financiamiento
Frente a ese escenario, Ramos Padilla ordenó directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, garantizar el funcionamiento del Banco. Días después de la resolución judicial, representantes del BNDG mantuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Darío Genua, y con autoridades de la Jefatura de Gabinete. Allí se acordó avanzar con una ampliación presupuestaria de 590 millones de pesos.
En el escrito presentado ante la Justicia, el Gobierno sostuvo que ya inició las gestiones para incorporar ese crédito presupuestario “a efectos de garantizar la continuidad operativa del BNDG”. Según detallaron, los fondos estarán destinados a cubrir gastos esenciales para el funcionamiento cotidiano del organismo, entre ellos la compra de reactivos e insumos de laboratorio, mantenimiento de equipos, conservación de muestras biológicas, vigilancia, limpieza, servicios y viáticos para la toma de muestras en distintos puntos del país.
Sin embargo, la Casa Rosada acompañó el anuncio con fuertes cuestionamientos hacia la medida judicial y hacia las autoridades del propio Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno aseguró que la cautelar representa “un alarmante avance” del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo y sostuvo que ordenar reasignaciones presupuestarias desde los tribunales podría “desbaratar el sistema republicano” y generar un “desequilibrio en las cuentas fiscales”.
Además, el Ejecutivo cuestionó el diagnóstico realizado por la conducción del organismo y afirmó que las dificultades operativas responden a “una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles” y no a una falta de presupuesto. Incluso sostuvo que “no se observa un impedimento presupuestario” que imposibilite la continuidad de los servicios esenciales del Banco.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a partir de un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, que impulsaron el desarrollo de herramientas científicas para encontrar a los nietos y nietas apropiados durante la dictadura. Actualmente, el organismo conserva unas 32 mil muestras biológicas vinculadas a investigaciones por delitos de lesa humanidad y a personas que dudan sobre su identidad de origen.
