La discusión sobre el uso de los celulares en las escuelas bonaerenses dejó de centrarse únicamente en el nivel primario y comenzó a ganar terreno en la educación secundaria. Aunque todavía no existe una regulación general para ese nivel en la provincia de Buenos Aires, cada vez más instituciones privadas avanzan con medidas propias que limitan o prohíben el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar.
Según un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA), 154 de los más de 1.500 establecimientos privados de nivel secundario, técnico y agrario del país ya implementaron algún tipo de restricción. Las experiencias incluyen colegios de la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta ya cuentan con normativas específicas sobre el uso de celulares en las aulas.
El avance de estas medidas se produce pocos meses después de la entrada en vigencia de la ley bonaerense que restringe el uso de pantallas en las escuelas primarias públicas y privadas. La norma, aprobada por la Legislatura durante 2025 y aplicada desde el inicio del ciclo lectivo 2026, establece que los alumnos no pueden utilizar celulares durante la jornada escolar, salvo cuando los docentes los requieran con fines pedagógicos.
La legislación también busca recuperar el juego y la interacción presencial entre los estudiantes, además de concientizar sobre los riesgos asociados al uso excesivo o irresponsable de los dispositivos, como el acceso a plataformas de apuestas online, el grooming, el ciberbullying y otros problemas vinculados al entorno digital.
En paralelo, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, aclaró que la normativa no implica una prohibición absoluta, sino un ordenamiento de los usos, permitiendo que los dispositivos sean utilizados para actividades como registros de laboratorio, producción de podcasts u otros proyectos educativos cuando así lo dispongan los docentes. Esa interpretación fue cuestionada por el senador Marcelo Leguizamón, quien consideró que relativizaba el espíritu de una ley aprobada con amplio consenso.
Atención, convivencia y salud mental
Desde AIEPA sostienen que la preocupación excede el uso del celular dentro del aula. “Es una problemática que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado“, afirmó el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita.
El debate también involucra el impacto de la tecnología sobre la convivencia escolar y la salud mental. Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, aseguró que la escuela se convirtió en una “caja de resonancia” de conflictos sociales y advirtió que el celular potencia situaciones de hostigamiento que muchas veces se originan fuera de las pantallas.
Según explicó, el 86% de los casos de violencia digital tiene un origen en vínculos presenciales, por lo que consideró que las restricciones, por sí solas, no alcanzan. En ese sentido, remarcó la necesidad de construir espacios donde los estudiantes puedan expresarse y fortalecer el rol de los adultos dentro de la comunidad educativa.
