El Congreso de la Nación asignó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia el seguimiento de las acciones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas telefónicas.
Si bien se trata del cumplimiento del convenio firmado entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2016, el trámite cobra relevancia en un contexto en el que salen a la luz maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
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La Resolución fue adoptada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Asignar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada por la Ley No 25.520 el cumplimiento de las disposiciones del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de fecha 29 de septiembre de 2016”, reza el artículo 1 de la Resolución.
Además, la Comisión Bicameral deberá conformar una subcomisión encargada de “informar semestralmente a la Presidencia de cada Cámara del Congreso de la Nación sobre la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la en cumplimiento de su misión, con la fundamentación correspondiente”, según se lee en el artículo 2.
La DaJuDeCO está en el centro de las sospechas desde la gestión de Mauricio Macri por ser uno de los organismos responsables de filtrar escuchas telefónicas ilegales a medios de comunicación. Cabe recordar que el actual gobierno busca devolverle el control de las escuchas a la Procuración General de la Nación, en el marco de una reforma integral del sistema de inteligencia.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es uno de los actores institucionales que hoy investigan las diferentes denuncias sobre espionaje ilegal durante el macrismo, que surgieron desde la intervención de la AFI que dispuso el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019.
Una de las causas por espionaje tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, que hoy dio importantes avances en la investigación tras ordenar la detención de la ex funcionaria macrista Susana Martinengo y una veintena de ex agentes de inteligencia.
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