Tres exponentes del círculo rojo –CAME, la Sociedad Rural y CONINAGRO– se presentaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar la reforma laboral que impulsó Javier Milei en su cuestionado “súper DNU”.
El decreto 70 fue impugnado por la Justicia laboral en dos instancias, a partir de un planteo de la CGT, y ahora depende de la revisión del Máximo Tribunal del país.
Esa iniciativa del Presidente introduce importantes modificaciones sobre contratación laboral, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario,ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, entre otros.
CAME, SRA y CONINAGRO contra las multas
Para CAME, SRA y CONINAGRO se trata de reformas necesarias toda vez que los artículos derogados por el DNU “dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar”.
“Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto”, agregaron en un comunicado conjunto.
Los artículos que quieren eliminar Milei y las tres entidades económicas son los 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345, pero el que más rechazo genera tiene que ver con las multas.
“Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y es proporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto”, indicaron al tiempo que agregaron que significan “el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”.
Las cámaras empresarias aclararon que su opinión “es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo”, un detalle con el que intentaron no afectar la buena relación que tienen con los sindicatos de sus respectivas actividades.
