La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación, creada a fin de investigar los casos de inteligencia ilegal ocurridos durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, dictaminó hoy que al menos 307 personas y 171 organizaciones fueron objetivo de espionaje entre 2015 y 2019.
Entre las organizaciones víctimas de espionajes se encuentran a varios gremios docentes de la Provincia, como la FEB, UDOCBA y Suteba, la Asociación Docente Universitaria de Mar del Plata; el sindicato de médicos CICOP; trabajadores municipales de Mar del Plata y Olavarría; la Unión de Hoteleros; Guardavidas de Pinamar y el Colectivo de Artesanos de Mar del Plata, uno de los municipios con más cantidad de organizaciones perseguidas.
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El documento, titulado “Estado Mafioso”, indica que durante la presidencia de Mauricio Macri “se persiguió y espió a la ciudadanía exclusivamente por su pertenencia política, de manera sistemática y casi masiva, en pos de los intereses particulares de la conducción política de turno”. Y el dictamen promovió la creación de una nueva comisión bicameral que se encargue de analizar las causas judiciales que fueron armadas por este sistema de inteligencia.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, detalló el modus operandi de los sistemas de inteligencia estatales y paraestatales investigados, los cuales habrían tenido la tarea de producir información para incidir en proceso judiciales en trámite, facilitar la información a los medios de comunicación y desprestigiar, perseguir y extorsionar a opositores políticos.
Entre los actores señalados de haber llevado a cabo dichas tareas, el documento señaló a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes han brindado su testimonio ante la Comisión; el Servicio Penitenciario Federal (SPF), el ministerio de Seguridad que dirigía Patricia Bullrich; y un sector de la Justicia Federal.
“Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”, describe el documento de inéditas características en el país.
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