Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes brindó el informe anual de gestión ante la comisión de familias, niñez y juventudes de diputados que preside Roxana Reyes (UCR).
Al inicio de su exposición, Marisa Graham afirmó que “nuestro propósito es trabajar mucho para que haya defensoras y defensores en las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En tanto, aclaró que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos de un tercio de la población, que son las personas de hasta 17 años. Es autónoma e independiente, que recibe denuncias de los niños, adultos y organizaciones, entre otros”.
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Al respecto, Graham ratificó que los niños de los pueblos originarios son “los más vulnerables y vulnerados en Argentina, sobre todo aquellos que están en peores condiciones”. Luego, realizó un pormenorizado detalle de todas las áreas que conforman la Defensoría, explicando las diversas herramientas de su gestión para la supervisión, asesoramiento, sensibilización y exigibilidad.
En otro orden, propuso reformular la ley de discapacidad, que sigue vigente la de la dictadura, “que es retrograda”, también la penal juvenil y la de salud mental, ya que “sólo hay un artículo que dedica un párrafo a niñas, niños y adolescentes, como si ellos no tuvieran padecimientos subjetivos, que merecen tener leyes apropiadas”, resaltó.
En la continuidad, Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó el procedimiento de la admisión de los casos que busca fortalecer y re jerarquizar el sistema de protección de derechos en nuestro país. “Desde su creación, la Defensoría lleva tramitados 756 expedientes hasta el 28 de febrero de 2022 y del 1ero. de marzo hasta el 31 de julio ingresaron 112 casos nuevos, donde el grueso de los mismos es por cuestiones de familia”, especificó.
En referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el funcionario sentenció que “es abrumadora la evidencia de que no corresponde bajar la edad de imputabilidad”. En esa línea, recomendó los estándares que debería tener una nueva ley.
Asimismo, instó a que se debata la Ley Nacional de Reparación Histórica de las Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, por considerar que “falta diagnóstico, planificación, coordinación y evaluación de políticas nacionales y provinciales que garanticen el acceso al agua, condiciones básicas de infraestructura, de vivienda y nutricionales de los niños, niñas y adolescentes”, expresó. Por último, contó que “trabajamos un Sistema Federal de Monitoreo, para garantizar un piso mínimo en las condiciones de alojamiento de los niños”.
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