El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se sumó a los reclamos por el tarifazo que quiere aplicar el Gobierno nacional sobre el servicio de gas, lo que generó una ola de preocupación en el conurbano bonaerense.
Así como lo plantearon su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray y el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis, el jefe comunal de uno de los distritos más populosos de la Provincia plantó sus quejas.
“Resulta imprescindible suspender los aumentos porque afectarán el poder adquisitivo de los consumidores obligándolos a elegir entre el servicio y la comida”, aseveró el exdiputado provincial.
En este contexto, el Municipio de la Tercera sección electoral se sumó al Foro Bonaerense de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que convocó Katopodis “para trabajar juntos visibilizando y representando a quienes van a padecer estos aumentos abusivos”.
“En defensa de los hogares, de los clubes de barrio, de las pymes y de las instituciones brownianas en general rechazamos estos aumentos abusivos y solicitamos que se apliquen políticas públicas que pongan en el centro a las familias y no a las empresas”, señaló el intendente y dirigente del PJ.
En esa línea, le marcó al Gobierno nacional que “la economía nunca es libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este”.
Ayer, desde el Gobierno bonaerense señalaron que cualquier tarifa de servicios públicos que suba por encima del 400 por ciento “es confiscatorio” y “va a golpear un bolsillo ya bastante dañado”. Sobre todo porque el gobierno de Javier Milei “hace las cuentas al revés”. “Decide aumentar prepagas, alquileres, tarifas y que bajen las jubilaciones y el salario”, advirtió Katopodis.
Además de pedir una actualización tarifaria, las empresas dedicadas a proveer de gas a los domicilios e industrias de Argentina pidieron implementar un sistema de actualización mensual. Esto les permitiría volver a subir sin hacer nuevas audiencias y cuando lo consideren oportuno.
El gobierno provincial también se opone a esta iniciativa. “Sería un incremento gatillo que claramente es indexatorio y abusivo y no se corresponde con la situación del salario”, argumentó Katopodis.
