Mientras la Justicia le da las últimas puntadas al proceso de normalización del SOEME, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación, intervenido desde hace un año por la Justicia Federal, a partir del encarcelamiento de su titular, el empresario Marcelo Balcedo, aparecen algunas nubes sospechosas en el horizonte.
En las últimas horas, el titular del Juzgado Criminal y Correccional 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso el llamado a elecciones para el próximo 5 de agosto. Previamente prorrogó el mandato de los delegados que estaban en su cargo antes de la elección y ordenó que se convoque al Congreso Nacional de delegados, los pasos burocráticos previos a la apertura de urnas.
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Se trata del cierre de una intervención que ha caído bien a los afiliados de un gremio que recuperó su economía a un ritmo vertiginoso: en sólo un año muestra un balance positivo de más de 130 millones de pesos, contra los 3 millones que registraba cuando la Justicia corrió a Balcedo del mando.
El problema es que los tentáculos del viejo caudillo sindical se siguen moviendo, a pesar de que está tras las rejas. En las últimas horas la jueza nacional Analia Viganó, del fuero laboral, cursó un pedido de inhibitoria contra Kreplak, a quien encomendó que continúe con la investigación respecto de la asociación ilícita que comandaría Balcedo y se abstenga de “resolver o adoptar medidas en cuestiones institucionales” del gremio.
Viganó es esposa de Julio Piumato, el Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, muy cercano a Hugo Moyano. Conocido el planteo y la definición de la magistrada, no fueron pocos los que se sorprendieron y hasta especularon respecto de hasta dónde llegarían los contactos entre Balcedo y el camionero.
El problema es que la continuidad del proceso de normalización es vista con muy buenos ojos por los Secretarios Generales de la CGT Región Capital.
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