La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se sumó a las denuncias que rodean al Procurador General, Julio Conte Grand, por disciplinar a funcionarios judiciales con motivos políticos, y elevó un informe detallado a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Se trata de una serie de acciones arbitrarias e ilegales llevadas a cabo por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Julio Conte Grand, realizadas en el departamento judicial Lomas de Zamora en perjuicio del Juez de Garantías Dr. Gabriel Vitale.
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Los hechos denunciados dan cuenta de investigaciones irregulares, selectivas, arbitrarias y presuntas actividades de inteligencia ilegal avaladas desde la Procuración General, que “configuran delitos de extrema gravedad institucional e impiden el correcto funcionamiento de las instituciones y la administración de justicia”, indicaron desde la CPM. Por ello, solicitaron la intervención inmediata del máximo tribunal de justicia provincial, y elevaron el informe también a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el informe, la CPM describe la persecución y hostigamiento contra magistrados, completamente fuera del marco legal, impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand en articulación con el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera. “Estos intentos de imponer sanciones, por supuestas actuaciones irregulares en causas como la del Club Independiente o la causa de “La Salada”, se producen frente a la actuación independiente del juez que no convalidó la actuación fiscal”, describieron.
Ante el rechazo del juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, de convalidar las arbitrarias actuaciones de los fiscales, el propio juez denunció ser perseguido por la procuración bonaerense en 2019. Según se desprende del informe, el fiscal Pablo Rossi, en articulación con el ahora Fiscal Gral. Sebastián Scalera, armaron una causa en la que “no hay todavía ningún juez a cargo, y no obstante esto ordenaron una serie de pruebas completamente ilegales sin control del investigado; entre las que se encuentran solicitudes de escuchas sobre el celular de Vitale y su familia, informes sobre movimientos de cuentas bancarias y datos de movimientos migratorios”, denunciaron.
Además, desde la Comisión enmarcaron las actuaciones de Conte Grand en un proceso de “particular injerencia” que tuvieron “el Ministerio de Seguridad de Nación y la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de gobierno anterior, que presionaron al juez Luis Carzoglio -hoy suspendido- por la misma causa relacionada con el Club Independiente”.
“La doble vara con que la Procuración General pretende disciplinar a funcionarios judiciales en la Provincia de Buenos Aires con fines político-partidarios da cuenta de una arbitrariedad institucional que pone en peligro todo el sistema de derechos y garantías constitucionales sobre el que se asienta la democracia”, concluyeron desde la CPM en el informe presentado, y que lleva las firmas del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la intelectual Dora Barrancos y el secretario general de la Comisión, Roberto Cipriano García.
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