Jerónimo Guerrero Iraola – @jerogi – Director de Proyectos Centro de Estudios para la Gobernanza
“El poder sucede sin que remita a sí mismo de forma ruidosa”, afirma Byun Chul Han en Psicopolítica. Así, pensar en las (no tan) nuevas configuraciones o demarcaciones del espacio público nos debe llevar a apreciar de qué forma se juega el poder, o cuáles son las lógicas de acumulación de capital tecnológico y simbólico que inciden en la correlación de fuerzas de la conversación en torno a determinados temas.
La irrupción de las redes sociales y medios digitales como arenas de debate, y peculiares formas de interpelación de figuras públicas ha permitido reconfigurar las estrategias de comunicación política. El clásico mitin en el que se podía ver al candidato o candidata desde cierta lejanía escenográfica, encontraba su correlato en la labor de los/las prensas, que luego pautaban los términos de la información (en algunos casos) con los diarios, la radio o la televisión.
Dicho esquema ha sido desplazado por el town miting hall, simulacro que parecería evocar a la lógica rizomática de conversación a la que habilitan las redes sociales. Aquello que sucede en el terreno digital, es decir, lo que Neo concibe en su mente, se recrea en la dimensión experiencial. La sensación de flujos de información multipolar es la más vívida demostración de que el poder se ha retirado de la escena, y que su omnipresencia reside en ese hacer creer que somos todos y todas iguales.
Amnistía Internacional ha advertido, en su informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, sobre los abusos que se han constatado (a partir de un interesante abordaje metodológico) en los últimos años, y el acoso y agresiones a diversas voces disidentes.
Entre sus conclusiones, sostiene: “En los análisis de opinión pública se identifican los efectos del acoso serial a las voces disidentes con el propósito no sólo de descalificar a los objetos directos de la agresión (en este trabajo, periodistas de diferentes orientaciones y defensores de DDHH), sino también como un dispositivo de disciplinamiento del resto de la sociedad, que es disuadida de poner en circulación opiniones e ideas que provocan el acto reflejo del hostigamiento en las redes. Este es un incentivo para ejercer la autocensura, para hacer silencio o cambiar de tema de conversación…” (El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina. P. 36).
¿Cómo hacer entonces con las marcadas asimetrías que estructuran el campo de la comunicación digital? ¿Cómo pensar en una democracia con sectores que detentan corpus de datos de magnitudes incalculables, frente a nuevas identidades políticas que intentan irrumpir en la conversación pública? Dichas preguntas deben ser abordadas por el Estado. No sólo la brecha digital representa un problema, sino las condiciones efectivas con la que los diversos actores se introducen al debate.
Lo complejo del tema es que las prácticas nocivas a las que alude el informe de Amnistía parecen ser promovidas por quienes detentan responsabilidades de gestión. De esta forma, el rédito político (electoral) que pueden sacar a partir de la promoción de este tipo de lógicas, obtura toda posibilidad de gestar una matriz de abordaje del problema/desafío. Así, la dinámica de contraposición de visiones y miradas se remite a un estado de guerra, con ataques certeros promovidos desde granjas de trolls, cuya ubicación física y autoría intelectual quedan veladas y, por tanto, licuadas las responsabilidades.
Si bien el tema ha sido motivo de recientes intercambios en el Congreso entre diversas fuerzas políticas, es importante que sea abordado por organizaciones del tercer sector, Universidades y otros ámbitos de debate. La democracia material, aquella cuyas condiciones de vigencia son más complejas que la mera garantía de elegir y ser elegido/a, demanda pensar cómo se llevará adelante la dinámica de contraposición de ideas el territorio digital. De lo contrario, la vigencia de los derechos fundamentales, para los que la democracia es condición indispensable, estará gravemente condicionada.
