“Yo voy cuando las cámaras se apagan, porque en el día del hecho va todo el mundo”, se justificó María Eugenia Vidal el 3 de agosto, en una entrevista radial con Jorge Lanata, luego de que trascurriera todo un día en permanente silencio.
Eso ocurrió después del polémico tuit que acusó a la oposición de hacer “utilización política” de la muerte de los dos docentes: “Por respeto al duelo de las familias de las víctimas, y para evitar la utilización política que veo en ciertos sectores sobre esta tragedia, me mantengo en silencio hoy, pero vamos a aclarar como siempre, todo lo que sea necesario”, fue su publicación en la red social.
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En esa nota, la gobernadora explicó por qué estaba esperando que “pasara el primer impacto de la tragedia” para recién después, dedicarse a enumerar la cantidad de obras que se habían realizado para las escuelas bonaerenses. La estrategia del gobierno de Cambiemos fue apuntar la responsabilidad de la muerte de Sandra y de Rubén hacia el municipio K, administrado por Festa. La grieta en todo su esplendor.
Según Vidal, el Consejo Escolar de Moreno no pudo justificar dónde fueron a parar unos 15 millones de pesos, antes de la explosión en la escuela 49. Por eso, la Provincia radicó una denuncia penal y lo intervino en octubre de 2017. Tres consejeros del FpV y uno de Cambiemos fueron procesados.
También el subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, sostuvo que las instalaciones de la escuela habían sido revisadas por un gasista matriculado y precisó que la tragedia se produjo “por un trabajo mal realizado o por una situación no contemplada”. Y cargó las tintas contra el profesional que realizó la tarea para una empresa contratada por el Consejo Escolar.
En tanto, el Director de Educación y Cultura de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny, se limitó a opinar que “la justicia debe investigar” y que la tragedia fue producto de una “combinación” entre la mala gestión del Municipio de Moreno y el gobierno de la Provincia. Pero un material que se ventiló unas semanas después de ese trágico 2 de agosto, acorraló aún más al gobierno de Vidal.
Foto: Sergio Litrenta.
Pocos repararon en la existencia de un documento firmado entre la Escuela y el Consejo Escolar de Moreno –el cual estaba intervenido por el gobierno provincial- dejó en claro que la responsabilidad en relación a su mantenimiento y “el normal funcionamiento” de los servicios corrían por parte de la administración provincial.
En su artículo Nº 2 se explicaba que el Consejo, controlado por el interventor Sebastián Nasif, le correspondía “el mantenimiento edilicio de tipo correctivo necesario para garantizar el normal funcionamiento del servicio educativo, asegurando el funcionamiento de las instalaciones de los servicios, las condiciones de seguridad, estabilidad y habitabilidad”.
En esos mismos días, los docentes de Moreno denunciaron y filmaron cómo un grupo de personas trasladaba cajas con documentación desde el Consejo Escolar intervenido y denunciaron un intento de hacer “desaparecer información valiosa, con la cual se comprobaría de la responsabilidad del gobierno provincial en la tragedia de Moreno”. A la fecha, por el lado del gobierno bonaerense sólo se encuentra imputado el interventor Sebastián Nasif.
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