El conflicto generado en la sede central de IOMA a raíz de la crisis edilicia, similar al que sucede en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, tuvo un nuevo capítulo con la intervención de la justicia. Es que ordenó a las autoridades de la obra social que frenen la instalación de molinetes y un vallado de vidrio fijo. Los trabajadores reclamaban que se trataba de una “trampa mortal” ante las “deplorables condiciones” en la infraestructura del lugar.
El juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del juez Francisco Terrier, dictó el martes la sentencia e hizo lugar a la demanda presentada por los trabajadores del organismo. De este modo, resolvió: “Ordenar con carácter de medida cautelar, a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), abstenerse de poner en funcionamiento y/o suspender, según el caso, el sistema de molinetes con acceso biométrico y vallado de vidrio, en la entrada del edificio de la Sede Central de calle 46 entre 12 y 13 de La Plata, hasta tanto se dicte sentencia en autos; ello de manera inmediata a la notificación de la presente”.
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Al respecto, Luana Simioni, delegada general de ATE en IOMA, señaló que “la resolución judicial es un paso importante. Todos los informes técnicos realizados en IOMA demuestran que las condiciones en las que desempeñamos nuestras tareas son deplorables. Pero además le pone un freno al vallado y molinetes que de manera arbitraria y sin consulta técnica alguna decidió colocar el presidente Pablo Di Liscia”.
Fallo del juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del juez Francisco Terrier
En ese sentido, sostuvo que las autoridades de la obra social “han actuado con total prepotencia, desoyendo los reclamos de los trabajadores y las recomendaciones de las propias áreas técnicas. Poniendo en riesgo nuestra integridad, e impidiendo, como dice el informe de los Bomberos, la rápida evacuación en caso de incendio. Pero, además, a pesar de contar con un presupuesto propio de más de 53 mil millones de pesos (aportados íntegramente por sus afiliados), la inversión en infraestructura es casi nula y el edificio está en condiciones de notorio deterioro”.
“Por último hay que decir también que la colocación de estas barreras, es una directiva del gobierno de María Eugenia Vidal, que decidió poner en marcha un plan millonario de colocación de molinetes en más de 17 reparticiones, mientras los edificios públicos se caen a pedazos y las condiciones en las que se trabaja son deplorables. Este fallo, es un precedente importante ya que las restricciones de acceso a los edificios públicos que se pretenden implementar no puede ser a costa de la vida y seguridad de los trabajadores”, añadió.
Esta situación también se replica en otras dependencias de la administración pública bonaerense. Tal es el caso del grave conflicto que atraviesa el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, Santiago López Medrano, titular de la cartera, ordenó instalar el Sistema de Acceso Biométrico (SAB) junto con molinetes y generó la indignación de las y los trabajadores. El estado calamitoso en que se encuentran los edificios, las malas condiciones laborales y salarios magros en el marco del ajuste presupuestario, son algunos de los señalamientos que realizan los estatales a la hora pensar en el mejoramiento de la situación.
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